Por Noelia Esquivel
- La población de mujeres privadas de libertad en América Latina aumentó en 51,6% entre el 2000 y el 2015, mientras que en el caso de los hombres fue de 20%, según el Institute for Criminal Policy Research
- Las mujeres alrededor del mundo viven un sistema penitenciario que ha sido pensado para los hombres; Costa Rica no es la excepción
En una de las aulas de la cárcel El Buen Pastor, nueve mujeres le contaban a su profesora del taller literario lo que había acontecido recientemente en la cárcel: mataron a Boni y también a los gatitos de su embarazo.
Para ellas ese hecho fue una analogía de su vida; igual que los gatos fueron separados de su madre, la cárcel es esa muerte temporal que separa a ellas de sus hijos.
La clase se convirtió en un espacio para hablar sobre el significado de ser mujer y en el aire abundan palabras como: sumisa, hijos, parir y madre, porque en El Buen Pastor -único centro penitenciario para mujeres en el país- las que son madres traen a la memoria los saberes y pensamientos de sus retoños y el sentimiento de culpa que cargan por no estar con ellos.
Son nueve de las 998 mujeres ligadas al sistema penitenciario costarricense que por motivos numéricos las ha invisibilizado; la prioridad son los 17.812 hombres, la mayoría.
En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Justicia coinciden en aceptar que el país no tiene siquiera una política de género que determine el tratamiento de las mujeres privadas de libertad.
*Se incluye el sistema institucional, semi-institucional y penal juvenil. Datos de abril del 2016. Fuente: Ministerio de Justicia y Paz
La analogía continúa, porque al igual que la gata Boni ellas tienen más de una vida; quizás no siete, pero sí unas tres: el antes, el durante y el temido y a la vez ansiado después de la cárcel, cargando su maternidad, la jefatura del hogar, las previsibles violencias, los traumas y las adicciones.
Una llaga abierta
Marielos Chaves, directora de El Buen Pastor, afirma que las mujeres delinquen porque cargan con un historial de vida que las empujó al delito, casi siempre por narcotráfico en redes locales.
“Tienen una serie de vulnerabilidades, desde el hecho de que sean mujeres en condición extrema de pobreza, la mayoría han sido mujeres violentadas, en consumo de droga, en hogares donde se presenta una dinámica muy difícil”, relata Chaves.
Eimy Solano, exprivada de libertad y cuya vida es la descripción fidedigna del relato de Chaves, tiene una historia de eventos desafortunados que iniciaron temprano, en su infancia, al crecer con una mamá alcohólica y un papá agresor.
Se refugió en su abuela materna que, cuando Eimy tenía tan solo 12 años, murió a causa de cáncer.
“Cuando muere mi abuela entonces ella (su mamá) empieza a consumir drogas. Yo supe lo que fue ver a mi mamá como una indigente en la calle”, contó Eimy con la voz totalmente quebrada.
A raíz de esa muerte su vida se fue derrumbando. Dejó su casa y deambuló por diferentes barrios en donde no encontraba una superación a la pobreza, sino solamente alcoholismo y drogadicción.
Se dedicó a llevar droga a las prisiones escondiéndola en su vagina, una labor por la que le pagaban 20.000 colones, hasta que un día en la cárcel del Virilla uno de los privados de libertad a quien le había dejado de llevar droga, la delató, según cuenta, y con 19 años fue sentenciada por ese delito.
Las mujeres son utilizadas como correo humano para transporte de drogas dentro y fuera de los centros penitenciarios y son sentenciadas por las políticas de criminalización que arrojan cada vez a más personas tras las rejas.
En El Buen Pastor, casi la mitad de las reclusas (el 41%) están allí por infracción a la ley de psicotrópicos, un encarcelamiento que no desmiembra las redes de narcotráfico ni a sus verdaderos autores, sino que reproduce la pobreza que viven muchas jefas de hogar y que tratan de superar con microtráficos y robos, algunas veces coaccionadas por la violencia de género.
Delitos cometidos por las privadas de libertad
*Porcentajes aproximados. Datos de febrero del 2016. Fuente: Ministerio de Justicia y Paz
“Mucho de esto (el encarcelamiento de mujeres) pasa por la atención de la pobreza y una pobreza que en el caso de Costa Rica tiene cada vez más un rostro de mujer, que afecta no solo a esa mujer sino también a toda su familia”, comenta Montserrat Solano, Defensora de los habitantes.
En el 2013, se implementó una reforma a la ley de psicotrópicos, N° 8204, que introdujo la proporcionalidad y especificidad de género.
Con este cambio, las mujeres jefas de hogar, en pobreza extrema, a cargo del cuido de personas u otra situación de vulnerabilidad, son condenadas a un rango de prisión de entre tres y ocho años, y no de entre ocho y 20, como lo estipulaba antes la ley.
La reforma permitió a 150 mujeres salir de la cárcel y esfumó también el hacinamiento de El Buen Pastor, pero aún persiste el enfoque punitivo y represivo en el sistema costarricense que busca minimizar los problemas de drogas y de pobreza aplicando penas de cárcel.
En este momento, son 550 mujeres las que guardan prisión en la cárcel El Buen Pastor, en una infraestructura que se deteriora cada vez más.
Herir la llaga
Ana Garita, exjerarca del Ministerio de Justicia, planteó la necesidad de una política de atención a las mujeres privadas de libertad en el 2013, pero tres años después, aún se está en la etapa de coordinación.
“En estos momentos, lo que hay es una política de atención a privados de libertad masculinos con ajustes pequeños, pero no necesariamente una política pensada para las mujeres y la adecuada reinserción a la sociedad”, señala Montserrat Solano.
La Oficina de las Naciones Unidas Quaker (QUNO, por su sigla en inglés) registra que cuando los hombres padres son encarcelados, las madres de los niños se hacen cargo de ellos, pero no sucede así a la inversa.
Los hombres no siempre asumen su responsabilidad paterna y la mayoría de niños quedan con algún familiar o bajo las custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo que desata en ellos el inicio de una vida también marcada por el abandono.
Una muestra más de la falta de una política penitenciaria de género es que ni en El Buen Pastor ni en el Ministerio de Justicia contabilizan cuál es el porcentaje de privadas de libertad que son madres, pero Marielos Chaves se atreve a decir que es el 90% de la población. La exactitud de este dato permitiría un abordaje más claro de las mujeres y sus familias.
Olga Valmon tuvo que tomar decisiones desgarradoras en su vida. En el 2009, cuando la sentenciaron a 20 de años de prisión por un homicidio calificado, dejó a su hijo de dos años con su mamá en Limón.
“Gracias a Dios cuando yo caí presa mi mamá se hizo cargo de Olmer, porque en otras ocasiones hay personas que llegan ahí y los familiares les dan la espalda y dicen ‘no sabemos qué hacer con tus hijos entonces fuimos y los dejamos al Patronato’”, cuenta esta madre.
Ella pudo haber ingresado a la cárcel con su hijo, porque en Casa Cuna de El Buen Pastor los niños pueden permanecer hasta los tres años de edad, pero para Olga, eso significaba que su hijo debía estar encarcelado como ella y si lo hiciera estaba consciente de lo doloroso que sería separarse de él después.
Olga y Olmer se veían solamente dos veces al año, una en Navidad y otra en el cumpleaños del pequeño, porque para la abuela de Olmer y para él era difícil trasladarse desde Limón hasta San Rafael Arriba de Desamparados, donde está ubicada la prisión.
Este es uno de los principales problemas del sistema penitenciario en mujeres. Además de El Buen Pastor, solo existe un pabellón para mujeres en la cárcel de Liberia, donde actualmente hay 12 y otras nueve recluidas en el penal juvenil del Zurquí.
En cambio existen alrededor de 15 centros penitenciarios para hombres en todo el país.
Las mujeres viven un doble encarcelamiento por el desarraigo que sufren de sus familias y de sus localidades.
Las mujeres viven un doble encarcelamiento por el desarraigo que sufren de sus familias y de sus localidades
Gabriela Valverde tiene cuatro años en El Buen Pastor, pero su historia se empezó a escribir muchos años atrás cuando los problemas familiares la arrojaron a la drogadicción. Aun con las adicciones, Gabriela estudiaba diseño arquitectónico, hasta que la dependencia de las drogas la llevó a internados de rehabilitación.
Ahora lleva seis años sin ver a su hija, Mía, y sin recibir visitas de sus papás, porque tanto ellos como su hija viven en Honduras. El contacto de las personas privadas de libertad con sus familias es un indicio de la oportunidad de reinserción que tengan al egresar de la cárcel.
El atravesar este proceso por sí sola genera en ella y en decenas de mujeres privadas de libertad trastornos mentales que, según Eimy y Gabriela, El Buen Pastor trata de contrarrestar bajo receta de clonazepam, un fármaco sedante y estabilizador del ánimo. Es decir, más drogas.
Incluso, el limitado control de narcóticos dentro del penal poco les ayuda a superar sus adicciones, sino que en medio de angustia y depresión, acuden a las drogas como una manera de olvidar su situación.
“No hay requisa profunda, entonces trabajamos con la requisa con detectores de metales, el cacheo que hace el departamento de seguridad, pero bueno, cada día ellas se las ingenian con los visitantes para ingresar droga al centro penal”, explica Marielos Chaves.
Abrir más llagas
El director de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos, afirma que la necesidad de una política de género surge porque “el tema de la prisionalización de las mujeres se ha atendido prácticamente igual que la de los hombres”.
Muchas de las necesidades emocionales, de infraestructura, de atención técnica y de reinserción social han sido puestas bajo la misma sombrilla para hombres y mujeres.
Una evidencia de esto es que en enero del 2015 la Sala Cuarta dictaminó la obligación que tiene el Ministerio de Justicia de proveer de toallas sanitarias a las internas, luego de que se interpusiera un recurso de amparo por la violación del derecho a la salud.
Las mujeres que no reciben visitas viven abatidas por la necesidad de subsanar gastos como el pago de la limpieza del cuarto y la compra de artículos personales. Gabriela y otras 50 privadas de libertad tratan de solventar sus aprietos empacando materiales de oficina en AMPO, la única fuente laboral en El Buen Pastor.
Muchas de las atenciones dentro de la cárcel de mujeres han surgido de manera experimental, aunque no siempre dan el mejor resultado.
Luego de cinco años dentro de la cárcel, Olga tuvo que enfrentar una batalla más al quedar embarazada de su pareja en una de las visitas conyugales.
Su embarazo significó una montaña rusa de emociones y decisiones en El Buen Pastor porque, aún con una gestación riesgosa, a Olga le decían en el centro penitenciario que debía permanecer en el módulo regular, y no en Casa Cuna, sino hasta los ocho meses.
Pero con intervención del Juzgado de Ejecución de la Pena y del centro hospitalario, logró que en El Buen Pastor la trasladaran a Casa Cuna cuando tenía cuatro meses de embarazo. Ahí estuvo solo dos meses más, porque en una cita médica de rutina le indicaron que su presión alta estaba afectando al niño.
A los doctores no les agradó el panorama del embarazo, por lo que ese mismo día a Olga la intervinieron con una cesárea. Ese 10 de junio del 2015, Emmanuel vino al mundo con 33 centímetros y 765 gramos, y las mínimas probabilidades de superar con vida su estado prematuro.
“Los doctores me explicaron que yo tenía que ser fuerte porque había cero posibilidades de que el niño sobreviviera”, cuenta Olga mientras se humedecen sus ojos.
Olga tuvo que volver a El Buen Pastor mientras que Emmanuel se quedó internado. Las idas y venidas entre la cárcel y el hospital fueron constantes, hasta que un día le dieron de alta a Emmanuel y ambos llegaron a Casa Cuna.
“El centro (la cárcel) me ayudó, hasta que un día el centro no quiso por equis o ye razón y le pidieron al Hospital de Niños que revaloraran el caso de Emmanuel (…) Yo fui a una cita y mi sorpresa fue que ya yo no podía salir con Emmanuel, porque Emmanuel tenía que quedarse ahí”.
Olga acudió una vez más al Juzgado de Ejecución de la Pena, y al justificar un incidente de salud de Emmanuel, le dieron la salida temporal de la cárcel. Se fue a Limón, su provincia natal, donde ahora está reunida con su mamá y su otro hijo, Olmer.
Viven en la casa de la mamá de Olga en Cahuita de Limón y Emmanuel ahora tiene un año. Pero su recuperación puede significar una ironía: el regreso de Olga a El Buen Pastor, un factor que la llevaría a separarse de sus dos hijos para terminar de cumplir su condena de 20 años.
*El incidente de salud de Emmanuel reunió a su familia en Limón. Su recuperación puede separarlos nuevamente.
Las llagas no sanan
“En las cárceles la gente va a vivir en condiciones de pobreza. Vienen de ambientes pobres a vivir en condiciones pobres y las condiciones de pobreza (…) no le permiten a nadie superar el ámbito que las llevo a delinquir”, comenta Seidy Salas, profesora del taller literario en El Buen Pastor.
La profesora, además, está fundando junto a un grupo de personas una asociación que apoye a las exprivadas de libertad. Sus preocupaciones del tratamiento de las mujeres en el centro penal son por el manejo del tiempo libre, la salud reproductiva y por las pocas ofertas laborales y de ocio que tienen dentro, una situación que la misma directora de la cárcel reconoce.
“A lo largo de estos tres años, ver la reincidencia y conocer las condiciones por las cuales muchas han reincidido nos ha llamado la atención sobre lo difícil que es sobrevivir sobre todo el primer año fuera de la cárcel”, agrega esta asesora parlamentaria y comunicadora social.
Rita actualmente lleva encerrada en El Buen Pastor dos de los ocho años a los que fue sentenciada. Pero esta no es su primera vez en la cárcel. De hecho, Rita conoció El Buen Pastor desde que era administrado por las monjas. Desde ese entonces sus delitos han sido constantes y asimismo sus estancias en la prisión.
Tiene 65 años y aún le restan seis años dentro. A pesar de que ha llevado cursos de belleza y computación, estos no han sido suficientes para superar la vida de delincuencia que adoptó.
Precisamente para evitar la reincidencia, fue que la Defensa Pública lideró la creación de la Red de atención a mujeres ligadas a un proceso penal, en conjunto con instituciones como Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el PANI.
Actualmente la red apoya a mujeres en condición de vulnerabilidad como madres, jefas de hogar y en condición de pobreza, pero Marta Iris Muñoz, Directora de la Defensa Pública en el Poder Judicial, reconoce el deseo de extender la atención a todas las mujeres que egresan del sistema penitenciario.
Costa Rica presenta una peculiaridad respecto a países como Panamá, Uruguay, Chile y República Dominicana, porque no existe una institución encargada de la atención post-penitenciaria, lo que deja abierto el ciclo necesario para superar la pena.
“Nosotros no tenemos injerencia en lo post-penitenciario, aunque tenemos el deber de preparar a las personas para el egreso”, indica Reynaldo Villalobos. Según él, Marielos Chaves y Marta Iris Muñoz, es necesario pensar en la creación de un órgano exclusivo para la atención luego del cumplimiento de la pena.
Una post-penitencia que para la mayoría de mujeres significa regresar a sus hogares y hacerse cargo de sus hijos. Quizás vuelven al mismo ambiente pobre que las llevó a delinquir, pero ahora con una hoja de delincuencia manchada, lo cual reduce la posibilidad de que encuentren empleo y que más bien acentúa el círculo vicioso de la pobreza.
Por la invisibilización de las necesidades de las mujeres en el sistema penitenciario es que se crearon las reglas de Bangkok de las Naciones Unidas. Estos lineamientos dan cuenta de que la atención de ellas debe ser también la atención de los trastornos, de las enfermedades, de los hijos y de las adicciones.
Proyecto publicado en el Semanario Universidad
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