- Personas que decidieron interrumpir embarazos contaron a UNIVERSIDAD su experiencia con una práctica que, además de ser delito, colocó en riesgo sus vidas.
Fernanda sintió que iba a morir. Tomó en total 39 pastillas: 20 el miércoles, 16 el sábado y finalmente -luego de tres semanas- se tragó las últimas tres. Hizo todo de la forma en que le dictó “la doctora”.
Desesperada, llamó por teléfono a esa mujer que desde semanas atrás se había identificado como la “doctora Ani”, una mujer a quien contactó por Internet para comprar las pastillas y que dijo ser una supuesta médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
“Si se te ocurre ir al hospital porque te sientes mal, puedes dar mi número y mi contacto, que a mí no me van a localizar y vos por abortar, vas presa”, cuenta que le advirtió la supuesta doctora a finales de octubre pasado.
Fernanda -una joven de 27 años- no sabía cuántos meses de embarazo tenía, pero estaba segura de que no podía continuar con la gestación, pues cuando tuvo a su primer hijo casi se muere.
Ella padece una condición especial en su sangre llamada incompatibilidad Rh. Su sangre es de un tipo negativo y la de su feto era positiva, lo que crea un conflicto y su sistema inmune trata a las células fetales como algo extraño y las destruye. Los doctores le dijeron entonces que su cuerpo no soportaría un parto más.
En teoría, tenía la opción legal de ir a un hospital y solicitar un aborto terapéutico. En Costa Rica abortar es un delito, pero el artículo 121 del Código Penal establece que no es punible “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
Sin embargo, la norma técnica para regular la aplicación práctica de este procedimiento continúa siendo una promesa sin cumplir de la campaña del presidente de la República, Carlos Alvarado.
Los centros hospitalarios niegan estas opciones a las mujeres. Algunas que han sido obligadas a llevar embarazos inviables a término y han visto a sus hijos morir apenas al nacer, ya han presentado sus demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como Ana y Aurora, casos emblemáticos de mujeres a las que Costa Rica les negó este procedimiento.
Fernanda prefirió no arriesgarse y buscó la vía menos deseable, esa que la colocó en el mundo de la ilegalidad, pues el mismo Código Penal indica que “será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina”.
Con esta decisión, también puso en peligro su salud y su vida. Cuando tomó las primeras 20 pastillas quedó inconsciente. A lado suyo, su novio lloraba pensando que ella iba a morir porque él no la llevó al hospital.
Aun así, tres días más tarde, tomó otra dosis. Dieciséis pastillas más.
“En las 36 pastillas que le compré a esa señora gasté mi salario completo, medio millón de colones. La doctora me dijo que tenía que seguir comprando, y que ella tenía una casa de empeño donde podía dejar mi computadora o el carro y que ella me daba lo equivalente en pastillas a eso”, recuerda todavía con una mezcla de tristeza y asombro.
“Una casa de empeño”, repite. “Una doctora que tiene una casa de empeño”.
A pesar de que, como Fernanda, otras mujeres temen sufrir consecuencias graves al practicarse abortos clandestinos, también evitan ir a centros médicos porque podrían ser calificadas como “delincuentes”.
El Ministerio Público registra 253 denuncias por abortos entre el 2009 y el 2018. En ese periodo han sido condenadas cuatro personas: solo una de ellas es mujer.
En la cárcel hay una mujer presa por “aborto procurado”.
Ante esta encrucijada, Fernanda contactó a una organización feminista para pedir ayuda. Le pidieron que se realizara un ultrasonido para calcular la cantidad de pastillas que requería de acuerdo con el tiempo de gestación. Tenía dos semanas. Le dijeron que esperara hasta la quinta y tomó, esta vez, un inhibidor de progesterona (pastilla que bloquea la hormona que produce el embarazo) y dos misoprostol.
Abortó.
Decidir
En Costa Rica el aborto provocado es delito. Esa es una advertencia que afrontan miles de mujeres que cada año cuando optan por interrumpir sus embarazos. Las razones van desde complicaciones de salud, vulnerabilidad económica o social, y también la decisión de tener derecho a decidir sobre sus cuerpos, según investigaciones que se han realizado y testimonios recopilados por UNIVERSIDAD y Punto y Aparte. Los nombres fueron cambiados para este trabajo.
No existen datos muy recientes sobre aborto, la última investigación la realizó la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) entre los años 2007 y 2008, y reveló que en el país se practicaban 27.000 abortos inducidos por año.
La misma investigación estimó que el 20% de las mujeres que se practican un aborto inducido terminan acudiendo a una institución de salud debido a las complicaciones postaborto.
La CCSS registró que entre 1997 y el 2017 un total de 97.984 mujeres llegaron a hospitales con complicaciones a raíz de abortos incompletos; es decir, 4.899 por año. Si la proyección de la ADC se cumpliera hoy, significaría que hay más de 24.000 mujeres abortando por año.
Según datos del Área de Estadística en Salud (CCSS), en el 2017 solo 25 internamientos fueron por abortos espontáneos, mientras que ocurrieron 2.128 por abortos incompletos ‘no especificados’.
Luego de un aborto inducido las complicaciones más comunes son hemorragia, infección uterina (fiebre, dolor pélvico, mal olor en sangrados), enfermedad pélvica inflamatoria o trauma si se usó algún instrumento para provocarlo. La CCSS desconoce si hubo muertes a raíz de esas complicaciones, pero algunos médicos afirman que es uno de los riesgos.
Ese escenario repleto de peligros no impide a muchas mujeres recurrir a métodos abortivos sin el adecuado abordaje médico, porque no tienen una opción legal. Algunas buscan acompañamiento de organizaciones no gubernamentales.
Es el caso de Adriana, una joven de 22 años, estudiante universitaria de la zona sur del país. Ella estuvo embarazada de su primo, quien nunca se enteró de esa concepción.
Hacerse un ultrasonido significaba para ella un viaje de seis horas hasta San José, pues decidió alejarse de su pequeño pueblo para no levantar sospechas y correr el riesgo de que, por ejemplo, algún médico le contara de su embarazo a sus padres.
Conseguir el dinero fue una odisea. Tuvo que pedir prestado a amigos, familiares, sin poder explicarles siquiera para qué lo usaría.
“¿De dónde sacaba yo esa plata? No podía pedírsela a mis papás para un aborto. Entonces hablé con mis hermanos y me ayudaron con el dinero, más otro poco que mi papá me había regalado y me fui para San José”, recuerda ella ahora, dos meses después de aquella situación.
Un familiar que vive en la Gran Área Metropolitana (GAM) le ayudó a conseguir las cinco pastillas que le costaron ¢140.000. Se tomó las Cytotec y a las dos horas vomitó, pero ya habían hecho efecto.
Adriana tenía cuatro semanas de embarazo cuando abortó.
“Me dolió muchísimo. Sentía que me estaban metiendo cuchillos por el estómago. Después super rápido empecé a sangrar y todo terminó”.
414Todavía debe una parte del dinero que consiguió para las pastillas, el ultrasonido y los viajes a San José, menciona.
Mía también se vio en esta encrucijada de decidir. En el 2016, cuando tenía apenas 16 años, su novio le aseguró que era estéril para no utilizar condón al momento de tener relaciones sexuales. Quedó embarazada.
Mía es de un cantón al oeste de San José y afirma que algún día quiere ser madre, pero no podía serlo en aquel momento. El novio consiguió seis pastillas que le costaron ¢170.000 y ella las tomó.
Mía recuerda que su pareja, ocho años mayor, tuvo relaciones sexuales con ella mientras abortaba.
“A él no le importaba el dolor que yo estuviera sintiendo y hasta ahora me doy cuenta que yo era un objeto sexual. Yo hice lo mejor. ¿Se imagina ese chiquito haber crecido con ese papá? Él a mí me agredió varias veces. Hubiera sido algo espantoso”.
Sangró durante todo un mes, no fue al hospital y solo tomó ibuprofeno para el dolor.
“Yo pensé que me iba a morir por no haber ido al hospital. El pelo se me empezó a caer, las uñas se me debilitaron. Los cambios de mi cuerpo eran enormes. Y le conté a mi mamá, que, por decirlo de alguna forma, es una mamá moderna”.
Cuando finalmente buscó atención médica de un ginecólogo, este la increpó: “¿Cómo se le ocurre? Usted mató una vida, yo soy quien protege la vida de la gente”, recuerda ella.
“Yo me sentí la peor persona del universo. Y el doctor además me dijo que no sabía cómo mi útero estaba bien”, cuenta ahora.
La joven se separó de su pareja en enero de este año e interpuso una medida cautelar de alejamiento. “Ese hombre, dentro de la escala del Inamu de todas las violencias que podían haber, solamente le faltaba matarme y casi lo logra mientras abortaba”.
Acceder
La investigación que una década atrás hizo la Asociación Demográfica Costarricense arrojó que los métodos más empleados para abortar en las áreas urbanas son la aspiración manual endouterina (AMEU); la dilatación y curetaje (D&C), conocido como legrado, y el fármaco Misoprostol. En las rurales el Misoprostol se utiliza más frecuentemente.
La AMEU es una técnica médica para retirar el contenido del útero a través del cérvix por medio de una cánula y una jeringa grande.
La D&C o legrado es un procedimiento quirúrgico usado en las 12 primeras semanas del embarazo. El médico dilata la cerviz gradualmente, después succiona dentro del útero y puede raspar las paredes.
Finalmente, el Misoprostol es un fármaco que provoca una hiperestimulación del útero, produciendo, según la dosis, fuertes contracciones uterinas.
Este último es de mayor fácil acceso, según mostró un estudio de la organización Colectiva por el Derecho a Decidir (2010), realizado por la psicóloga Adriana Maroto.
El medicamento se consigue por medio del pago de consultas privadas a profesionales en medicina, por contactos de conocidos o también de desconocidos que ofrecen el producto en sitios web.
El costo económico puede llegar a los ¢350.000, aunque también se tiene acceso de forma gratuita a través de organizaciones que apoyan a las mujeres.
“En Costa Rica, de los años 50 a 80 hubo abortos clandestinos de todo tipo: en las casas, médicos que lo hacían y ganaban dinero, pero vino una política de salud, en los 70 y pico tratando de perseguir a esta gente. Pacientes llegaban ya en muy mal estado, infectadas, y terminaban en cuidados intensivos. Entonces la mortalidad materna era por abortos clandestinos. Teníamos una 50% de mortalidad materna por abortos clandestinos”, explica Eugenio Calderón, jefe de Perinatología del Hospital San Juan de Dios.
“Las pastillas (misoprostol), que actualmente necesitan receta para venderse en las farmacias, vienen muchas veces clandestinamente desde Nicaragua. Aquí nos llegan las pacientes con aborto, infectadas, a veces tienen huecos de punzadas y se infectan más fácilmente”, agregó Calderón.
Es el método que usó María, una profesora de 27 años, quien abortó en el 2016.
“Ni siquiera sé cuál es la condena real de cárcel para una persona que aborta. En ese momento alguien quiso decírmelo y me negué porque me daba mucho miedo. Yo solo me imaginaba en el Buen Pastor (cárcel de mujeres) sin ver a mi hija, o muerta”, recuerda.
Lo que no quiso saber María es que hubiera cumplido entre uno y tres años de prisión, según el artículo 119 del Código Penal.
Para ese momento, ella ya era madre de una niña y tenía una relación “intermitente” con un hombre, según cuenta.
Cuando tenía 11 semanas de gestación, comenzó a buscar alternativas. “Emocionalmente fue un proceso muy difícil porque yo añoraba ser mamá de nuevo, pero quería hacerlo bien”, recuerda.
El hombre del que quedó embarazada le dio información sobre los fármacos para detener el embarazo y luego le dio la espalda. “Me dijo que él no se iba a implicar en la situación, que por qué yo no buscaba una amiga que me acompañara”.
Tras buscar más información en Internet se citó en la Plaza de la Cultura, en San José, con una vendedora que le entregó 12 pastillas por ₡220.000.
Tomó las patillas en su casa, en compañía de un amigo. Sangró mucho y se desmayó.
“Mi amigo quería llevarme al hospital y ahí empezó una discusión. En ese caos yo me puse un pañal y me quedé dormida. Entonces él se tranquilizó y me cuenta que me ponía azúcar para que no me bajara la presión”.
Pasaron los días y empezó a sospechar de un aborto incompleto por lo que contactó nuevamente a otra vendedora. Compró ocho pastillas más y oxitocina, hormona que ayuda a inducir partos provocando contracciones uterinas. Por esto pagó ₡130.000.
Mientras recogía los medicamentos, el joven que se las iba a entregar se subió a su auto, vio la silla de la niña y empezó a hacerle preguntas sobre si era madre.
Días después, la mujer que le había vendido esas pastillas empezó a extorsionarla. “Vea mamita le voy a decir algo: al muchacho que le llevó las pastillas le cayó el OIJ, y yo sé que fue usted, yo sé quién es usted, cuántos años tiene su hija”, cuenta que le dijo la mujer.
La mujer que la amenazaba le pedía medio millón de colones. María tuvo que cambiar su número de teléfono y no la contactaron más.
Este medio pudo verificar que al menos seis páginas, entre sitios web y Facebook, venden abiertamente el Misoprostol en Costa Rica.
Una de las más conocidas es www.cytoteccostarica.com donde aparece un número de contacto por WhatsApp, al que este medio escribió y recibió la siguiente información como respuesta automática:
En ese sitio, cada pastilla se ofrece por precios de entre ¢8.500 y ¢9.500.
Además, en el sitio cytoteccostaricabarato.com se ofrecen 6 pastillas por ¢65.000. En la información que está de acceso irrestricto se explica cuántas pastillas se deben tomar de acuerdo con la cantidad de semanas de embarazo.
También hay información disponible en la página www.quieroabortarcr.com, la cual, según los datos que contiene, pertenece a YO DECIDO, ubicada en Rohrmoser, que es una organización pensada en favor de las mujeres y su derecho a decidir acerca de su propia vida, con toda la información veraz, profesional y de manera confidencial.
Una historia distinta
Las condiciones para abortar son muy distintas cuando las mujeres cuentan con el apoyo de amigos o familiares, según los testimonios recopilados por UNIVERSIDAD y Punto y Aparte.
Es el caso de Andrea, estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien se hizo un test de embarazo el 4 de febrero y una semana después abortó.
“No era el momento ni con la persona, entonces decidí hacerlo”, expresa con convicción.
Andrea tenía ocho semanas de embarazo y compró 12 pastillas en ₡144.000 a través de Internet.
Se realizó el aborto en casa de una amiga y compró otros medicamentos para mitigar los efectos del Misoprostol, las náuseas, el vómito, los escalofríos. Le dio fiebre y lo controló con ibuprofeno.
Elena, que también estudia en la UCR, recibió todo el apoyo de sus padres para abortar en diciembre pasado.
“Mi familia me dijo que si yo decidía tenerlo no nos iba a faltar nada, que ellos me ayudarían, pero al final esa era mi responsabilidad. Y no era el momento; entonces me dijeron que me iban a apoyar en lo que yo iba a hacer”.
Un conocido le trajo las pastillas y solo pagó ¢10.000.
Abortó en su propia casa. A los días, fue a una clínica privada para comprobar que ya no seguía con el embarazo. Tenía un aborto incompleto y la ginecóloga le recomendó que tomara más pastillas. Así lo hizo y continuó con sus actividades normales.
Gabriela abortó hace 15 años, cuando era una estudiante puntarenense que acababa de llegar a San José, a la Universidad.
“Era muy niña yo. Tenía 18 recién cumplidos. Estaba empezando mi vida sexual y ni siquiera había tenido relaciones coitales”, relata.
Ambos, Gabriela y su pareja, eran militantes de un partido a favor de la despenalización del aborto y “no hubo mucho que pensar”, dice ella.
Una amiga la refirió a un sitio ubicado en Los Yoses donde en esa época vendían las pastillas por ¢150.000. Consiguió el dinero y con aproximadamente 12 semanas de embarazo abortó.
Mercedes Álvarez, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, define el contexto actual costarricense como una “una exacerbación de los conservadurismos y fundamentalismos religiosos”.
“Le apostamos a la resistencia para impedir el retroceso en los avances históricos logrados en derechos sexuales y reproductivos. Continuamos exigiendo al Estado que al menos cumpla lo que está establecido en la ley desde hace décadas, garantizando el acceso al aborto impune, así como a una amplia gama de derechos sexuales y derechos reproductivos que se ha comprometido a cumplir y con los cuáles está en deuda”, señala Álvarez.
“Es vital trabajar por la despenalización cultural y social del aborto y por la creación de una cultura respetuosa de las mujeres y de todas las personas, que nos reconozca como sujetas de derechos, con derecho a decidir sobre nuestras vidas, sexualidad y reproducción. Una cultura que nos valore y reconozca como personas y no como objetos en función de otros, a los cuales hay que controlar”, agrega la activista.
Hay hombres que también abortan
El aborto ya no es exclusivo de la mujer. Los hombres trans, hombres con vulva, también abortan. Álvaro tenía 26 años cuando lo hizo en 2009. Aunque en el Hospital México pudo defender que fue espontáneo, en realidad él considera que fue provocado.
Nunca se realizó un test de embarazo, pero habían pasado dos meses desde su última menstruación. Sospechaba.
“Creo que hice las cosas que hice a propósito para que pasara. No conocía a nadie que vendiera las pastillas y yo entrenaba boxeo y capoeira y entrené hasta la muerte. Fui a entrenar y ese día practicamos caídas y llaves y cuando llegué a la casa comencé a sentir frío, y calentura, estaba comiendo y sentí como una menstruación, fui al baño y dije: ‘ya me vino la regla’, y después al dormir sentí un jalón y empezó a salir. Fue muy impactante”, relata.
En esa época, Álvaro no había comenzado a tomar hormonas. Se fajaba los pechos y vestía ropa masculina. En el México, lugar al que se dirigió cuando tuvo el aborto, fue limpiado con gasas. Y limpiado otra vez para que los estudiantes vieran cómo se hacía. Reconoce que sufrió violencia obstétrica.
“Me empezaron a limpiar, sin decirme que respirara ni nada primero. Al terminar dijeron: ah no un momentico, háganle más que vienen los estudiantes. Entonces yo estaba ahí con las piernas abiertas, con angustia por mi identidad y llegaron los estudiantes y empezaron a limpiarme de nuevo para que ellos vieran”.
Morir o ser delincuente
Costa Rica vive un momento de lucha social en el que grupos activistas reclaman al presidente Alvarado la aprobación de la norma técnica que regule la aplicación del aborto terapéutico cuando esté comprometida la vida o salud de la madre.
Pero la lucha también reclama la posibilidad de las mujeres a decidir, es decir, de legalizar el aborto en otras circunstancias. Esa opción se ve más lejana, a pesar de las miles de mujeres que abortan en el país.
Para Larissa Arroyo, directora de la Asociación Ciudadana Acceder, la lucha por el aborto legal en Costa Rica está liderada por jóvenes que no son “activistas típicas”.
“La norma técnica y el aborto legal son dos luchas diferentes pero enlazadas bajo la misma sombrilla del derecho a decidir. El acceso al aborto impune es lo mínimo que se podría exigir en un país en donde se ha reconocido esto como un derecho desde el Código Penal de 1970”, agregó Arroyo.
El último año ha sido crucial en la militancia de colectivos, colectivas y organizaciones por la legalización del aborto. Los pañuelos verdes de Argentina tienen gran responsabilidad en ello.
Cuando la Cámara de Diputados del país suramericano debatía, el pasado 8 de agosto, un proyecto para despenalizar el aborto, en Costa Rica cientos de personas se plantaban frente a Casa Presidencial para exigirle al presidente Carlos Alvarado que firmara la norma técnica y también pedían por la legalización. En el país sureño la ley fue aprobada en la Cámara, pero en el Senado se vino abajo. En Costa Rica, Alvarado no ha firmado la norma.
Entre tanto, las mujeres que abortan en la clandestinidad y se ven obligadas a acudir a hospitales por las complicaciones sufridas, reciben diferentes tratos por parte parte del personal médico.
“El o la doctora no debe incriminar a la paciente. No debe decirle: ‘me parece que usted estaba tomando pastillas y provocó un sangrado’, por ejemplo. Las preguntas deben ser en el marco del respeto, pero sí se intenta indagar qué fue lo que sucedió. Si una persona está con un sangrado y llega con signos de que esa hemorragia compromete sus signos vitales, entonces ya se va a tratar diferente y se harán exámenes de sangre, ecografías, y el tratamiento para compensarla”, expresó la máster en enfermería ginecológica y obstétrica, Hazel Borbón.
El doctor Eugenio Calderón asegura que su experiencia de 32 años le permite identificar cuando hay un aborto inducido y que, en esos casos, le ha correspondido reportar a pacientes.
“Uno ve la actitud del paciente que llega y dice muy tranquila: ah sí, tuve un aborto. Las que vienen con abortos espontáneos vienen llorando, tristes, no quieren hablar con vos. Además, sí se puede detectar el misoprostol con medirle las prostaglandinas en sangre”, describe.
“Cuando nosotros detectamos un aborto incompleto hay que reportarlo a nuestras jefatura, de la jefatura a la dirección, a la dirección de enfermería y al Organismo de Investigación Judicial, y ellos vienen a hacer secuestro de pruebas y expedientes”, aseguró el jefe de Perinatología del Hospital San Juan de Dios.
Ambos coinciden en que cuando las pacientes no acuden al hospital a pesar de tener complicaciones, pueden morir, aunque la Caja no tenga este tipo de casos documentados.
“Les recomiendo a todas esas mujeres que vengan al hospital. Ya después de salvar la vida, que demuestren a la ley por qué lo hicieron y a lo mejor no las condenan”, expresa Calderón.
Proyecto publicado en Semanario Universidad
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