Mientras unos 33.300 trabajadores informales de 60 años o más salen a las calles de Costa Rica a buscar el sustento en medio de la pandemia, las instituciones competentes apenas ven cómo atender este problema, y las soluciones más focalizadas se vislumbran a mediano y largo plazo.

De acuerdo con un reportaje publicado este lunes 9 de noviembre en La Nación, esta población que trabaja en la vía pública y de manera informal se compone, principalmente, de hombres y de trabajadores independientes.

Además, se desempeñaron, en su mayoría, en el sector servicios y se ubican en la Región Central, tal y como lo indica la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre del 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Este grupo trabajador ya estaba detectado tanto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam); pese a ello, no existen medidas focalizadas en combatir, específicamente, a adultos mayores del sector informal que laboran en la vía pública.

Lo que sí existen son programas asistencialistas que benefician a los mayores en pobreza y pobreza extrema; tales como Atención a Familias y acceso a Red de Cuido, ayudas brindadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Conapam, respectivamente.

Sin embargo, la ayuda enfocada en los trabajadores de alto riesgo deberá esperar, ya que aún no hay soluciones que se puedan aplicar a corto plazo para atacar la informalidad de los mayores que laboran en las calles, porque la situación económica del país y la falta de presupuesto no lo permiten.

Según la viceministra del Área Social del Ministerio de Trabajo, Natalia Álvarez, las opciones para evitar este tipo de empleo en adultos mayores son: inspección de trabajo, otorgamiento de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y la reubicación laboral; estas a mediano y largo plazo, debido a que se necesita de una economía robusta para sostenerlas.

La primera de estas medidas es necesaria en los trabajadores dependientes y debe ser ejecutada, principalmente, por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del MTSS. Lo anterior, debido a que esta dependencia es la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y la que busca tutelar, según Álvarez, los derechos de estas personas, donde el aseguramiento –elemento clave para la formalización– y un salario mínimo son esenciales.

Como segunda posible solución está el otorgamiento de pensiones del RNC, las cuales son de carácter asistencial y se les da a personas que estén en condición de pobreza o pobreza extrema. Además, son administradas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y financiadas, principalmente, por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Asimismo, de acuerdo con la Viceministra, recién se aprobó en comisión legislativa , y pasaría al plenario de la Asamblea Legislativa, una iniciativa que destinaría el 1% del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) al Régimen No Contributivo.

“Las pensiones del RNC se han venido incrementando en 5.000 al año y para poder cubrir a estas 36.726 personas (cifra al segundo trimestre del 2020) habría que tener 10.000 anuales. Con esta iniciativa legislativa se podrían cubrir, más o menos, 8.500 por año. Entonces, en realidad, podríamos estar acercándonos mucho a la meta”, explicó Álvarez.

Cabe mencionar que esta ayuda estatal no es exclusiva para adultos mayores, ya que también beneficia a personas con discapacidad, viudas, huérfanos e indigentes.

Sin embargo, de acuerdo con datos suministrados por la jefa del área de Gestión de Pensiones de este Régimen, Patricia Sánchez, 93.130 de los 128.855 beneficiarios son personas de 65 años o más, según información al cierre de setiembre del presente año.

El otorgamiento de estas pensiones se considera una posible solución puesto que garantizará, al trabajador en vulnerabilidad, un ingreso mensual de ¢82.000, seguro de salud y aguinaldo.

No obstante, de acuerdo con el investigador y especialista en mercado laboral, Juan Diego Trejos: “hay que fortalecer ese programa para sacarlos de la calle y permitirles un ingreso mínimo de subsistencia que les elimine la necesidad de ir a la calle a buscar el sustento diario”.

Por otra parte, la tercera opción consiste en ejecutar un programa de reubicación laboral en los adultos mayores, es decir, insertarlos en otros empleos, pero esta vez, formales.

Según la Viceministra, para lograrlo hay que crear estrategias de sensibilidad y compromiso en los empleadores y hacerles ver lo importante que pueden ser estos adultos mayores y lo mucho que pueden aportar en las diferentes labores.

Pero, antes de ejecutar estas opciones se requiere de un diálogo interinstitucional (Ministerio de Trabajo, Conapam, IMAS y otras instituciones) para evaluar si efectivamente son soluciones viables para combatir el empleo informal de este grupo trabajador.

De acuerdo con la jefa de la Unidad de Trabajo Social del Conapam, Alexandra Villalobos, es necesario respetar la autonomía de los adultos mayores pese a los esfuerzos que se pueden hacer, de manera articulada, para sacarlos de la informalidad.

Asimismo, tanto la Viceministra como Villalobos consideran que es esencial fortalecer políticas públicas para aminorar este tipo de empleo desde antes, ya que de esta forma se podría disminuir la cantidad de adultos mayores que se incorporen al trabajo informal.

Finalmente, mientras se da un accionar interinstitucional, muy probablemente, estos adultos mayores tendrán que seguir trabajando en la vía pública pese a la existencia de grandes adversarios como asaltos, atropellos y, ahora, la covid-19.