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III Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica fue dado a conocer el pasado 25 de mayo.
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Documento recoge tendencias de 2020, 2021 y en pasadas elecciones nacionales.
Silvia Castillo Nieto, periodista, Punto y Aparte
Costa Rica continúa como un país ejemplo de libertad de expresión e información, ocupando el quinto lugar del mundo en libertad de prensa.
El índice elaborado Reporteros sin Fronteras, en el 2021 indica que el país solo superado por las naciones nórdicas; Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca.
Según esta organización a diferencia de Costa Rica en la mayoría de los países del continente latinoamericano, los periodistas trabajan en un entorno cada vez más dañino y tóxico. “La desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica anti mediática de la clase política latinoamericana, cuya agresividad va creciendo”.
Existe un deterioro generalizado de las libertades informativas en América Latina y un entorno cada vez más dañino y tóxico para los periodistas.
Pese a la posición ocupada por Costa Rica, periodistas y directores de medios de comunicación reconocen que reciben amenazas de grupos políticos, grupo de presión, crimen organizado y sujetos bajo investigación periodística.
Además, durante las pasadas elecciones presidenciales se vivió “un escenario de mayor ataque a los medios de comunicación, tanto en redes sociales como en el discurso de algunos dirigentes políticos, mientras persiste la deuda en materia de equidad para acceder a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos”.
Así lo afirmó Guiselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La periodista y abogada realizó un balance sobre la libertad de expresió en Costa Rica durante la presentación, el pasado 25 de mayo, del III Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica.
En la actividad participaron también Yanet Martínez, directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), Isabel Avendaño decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Fernando Cruz, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quien hizo una exposición sobre “La libertad de expresión y la jurisprudencia constitucional”.
Puede ver el video de la actividad en este ENLACE.
El documento, de 247 páginas, elaborado por investigadores de Proledi y el CICOM, contiene seis capítulos donde se analizan temas como la concentración mediática, la desinformación, la discusión legislativa sobre legislación de acceso a la información y transparencia, los riesgos en el ejercicio del periodismo en el país, la violencia contra las mujeres en el ejercicio político en las redes sociales y la calidad en el periodismo digital costarricense.
Pandemia, desinformación y contienda electoral
Pese a las restricciones de todo tipo que trajo consigo la pandemia de COVID 19 en el mundo durante los años 2020 y 2021, Costa Rica fue el único país de la región, entre los consultados por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en su Informe sobre Internet, “Libertad de Expresión y Espacio Cívico en América Latina” (mayo, 2021), que no registró restricciones al derecho a la libertad de expresión e información.
En ese mismo sentido, relató Boza en su presentación, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Rele), en su Informe Anual 2020, sección Costa Rica, celebra la tutela del derecho de acceso a la información pública por parte de la Sala Constitucional ante varios recursos de amparo interpuestos por medios de comunicación para acceder a información sobre la pandemia.
Por ejemplo, uno de los votos relevantes fue el recurso de amparo interpuesto por periodistas de las Radios de la Universidad de Costa Rica por la negativa del Ministerio de Salud de entregar la base de datos despersonalizada, con información desagregada, sobre los pacientes confirmados con COVID-19. El Ministerio alegó que no era posible brindar información tratada de manera diferente debido a la emergencia. El Tribunal concluyó que esa no era una justificación.
Con respecto a los procesos electorales en el país, en este III Informe del Estado de la Libertad de Expresión, los investigadores insisten también en la necesidad de que se discuta la creación de una franja electoral gratuita en medios de comunicación con el fin de que se garantice un espacio a todas las candidaturas, solicitud que han hecho reiteradamente las Misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Destaca que la Misión de la OEA presente en las pasadas elecciones presidenciales expresó preocupación por “crítica constante a la prensa y al trabajo de personas comunicadoras, expresadas por el candidato presidencial, hoy Presidente, Rodrigo Chaves Robles, alegando una cobertura parcializada de la campaña con intención de perjudicarlo”.
El informe incluye también sobre cómo la conversación pública en redes sociales durante esta campaña electoral estuvo influenciada por los altos niveles de desinformación y por la intervención directa de plataformas como Facebook. Se mencionan además los discursos de odio y las interacciones violentas en las redes sociales.
Tendencias legislativas y jurisprudencia constitucional
En su presentación del III Informe Boza detalla varios proyectos de ley que se encuentra en la corriente legislativa y que son de importancia para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Uno de esos es el N.22.406 para despenalizar los delitos contra el honor mediante la derogatoria de esas figuras, tanto en el Código Penal como en la Ley de Imprenta, para convertirlas en faltas civiles. Según la exposición de motivos, “la amenaza constante de sufrir acusaciones penales puede provocar que quienes tienen el deber de informar al pueblo se autocensuren y omitan ventilar toda la verdad sobre asuntos de interés público”.
Boza además incluye los votos relevantes del periodo 2020-2021 de la Sala Constitucional que garantizan el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional consideró que la resolución de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) que ordenó al Diario Extra eliminar la fotografía de un denunciante, de sus plataformas digitales en el 2020, era lesiva a la libertad de información. “Según la Sala, el ejercicio de las competencias de la Prodhab, para fines de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, no puede ser utilizada como un censor del ejercicio legítimo de la libertad de prensa, porque ello sería una censura indirecta, en control del Estado”.
Acceso a la información, riegos del periodismo y concentración mediática
Como los anteriores, este III Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica contiene gran cantidad y diversidad de información sobre el tema.
En el Capítulo 1, que trata sobre la concentración mediática, convergencia y grupos económicos de la comunicación en Costa Rica, los investigadores concluyen que el país tiene un sistema de medios de comunicación con poca regulación, con una tendencia a la triple concentración en el ámbito de la propiedad, las audiencias y la publicidad.
Señala a Teletica como el principal grupo de comunicación, y a Repretel como otro gran actor. En este último caso lo menciona como el “mas emblemático de la transnacionalización que ha sufrido la comunicación costarricense”.
Según el informe, “la concentración es un problema para la democracia que lesiona los derechos humanos e impide que las sociedades sean plenamente libres”. Agrega que es importante seguir profundizando en el tema y luchando por consolidar un ecosistema de medios plural, “que tenga representación de todas las voces, que permita una amplia competencia y que garantice los derechos comunicativos de las personas”.
Tal y como se había planteado en el primer informe del 2018, en el Capítulo 3 se reitera que el marco constitucional costarricense y la normativa internacional en materia de Derechos Humanos establecen normas que regulan de forma precisa los derechos de acceso a la información pública y de libertad de expresión. Sin embargo, la legislación costarricense sigue siendo muy dispersa y poco uniforme en la regulación de temas relativos al acceso a la información, libertad de expresión y prensa, así como en transparencia, rendición de cuentas y legalidad, entre otros.
Por eso, se insiste en la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley Marco en materia de acceso a la información pública.
En el Capítulo 4 se revela que el 67,3% de los periodistas encuestados para elaborar esta parte del Informe (que forma parte de una investigación más amplia) conoce de amenazas a los medios de comunicación, el 46,5% considera que se presentan frecuentemente y cerca de la mitad se han sentido expuestos, al menos, a una situación de hostigamiento, amenaza o vigilancia.
Según se expresan las autoras de esta sección, Lidieth Garro y Liliana Solís, preocupa “que muchas de las manifestaciones de hostigamiento, amenaza y vigilancia son normalizadas por los periodistas en las entrevistas realizadas”.
También las inquietó que el 40% de los periodistas encuestados respondió que no le es posible mantener la confidencialidad de las fuentes sin temor a ser enjuiciado u hostigado, y que uno de cada cuatro periodistas ha recurrido a la autocensura.
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