Por Beatriz Sánchez
Para llegar a la comunidad de El Milano de Siquirres, en la provincia de Limón, es necesario pasar primero en medio de la empresa piñera Del Monte. Allí, una calle pavimentada nos recibe pero el camino va cambiando mientras nos acercamos a la comunidad. La calle pasa a ser de lastre y el ambiente de resignación es latente.
El Milano es una de las tantas comunidades que lleva más de 15 años batallando en contra de la contaminación provocada por las piñeras. Desde que este monocultivo llegó, los problemas empezaron; la contaminación de la naciente que abastecía a varias comunidades del cantón producto de las fumigaciones en los campos de cultivo, sería solo el comienzo de esta lucha.
Fue el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET) el que, en el 2003, encontró contaminación con agroquímicos en las aguas subterráneas de esta comunidad. El mayor contaminante hallado en los estudios fue el bromacil, el más utilizado en los cultivos de piña debido a su alta efectividad pero que, debido a sus riegos, fue prohibido en Costa Rica en el 2017.
No obstante la prohibición, no fue sino hasta el 2007 que intervino el Ministerio de Salud, al ordenar que se repartiese agua con camiones cisterna para que la comunidad dejase de consumir el líquido que les llegaba contaminado de la tubería.
Durante 15 años esta fue la realidad de las comunidades de El Cairo, Luisiana y El Milano. Algunos días, si el camión estaba dañado, no recibían agua. Esta escasez obligó a los vecinos a seguir consumiendo el líquido contaminado que continuaba llegando a pesar de la clausura realizada por el Ministerio de Salud.
Estas afectaciones saltaron a la luz después de que en la escuela La Ceiba, ubicada en San Juan de Florencia, 16 niños y 8 adultos tuviesen que ser trasladados al Hospital de San Carlos debido a la intoxicación ocasionada por la empresa piñera Cítricos Bellavista, el 23 de agosto del presente año.
Esta no era la primera vez que en esta escuela ocurría una intoxicación, era la tercera. La primera ocurrió en el 2015, según nos indicó el director del centro educativo, Rafael Hernández, preocupado por la salud de los niños que asisten al centro de estudio ubicado a 25 metros de esta plantación:
El Ministerio de Salud no tiene una ley, ni el Ministerio de Agricultura y Ganadería que prohíba el funcionamiento de las piñeras cerca de la escuela. No existe una ley que diga que debe haber una distancia mínima”.
Estela Marín, miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan de Florencia, agrega que el “asma, alergias en la piel, dolores de cabeza, vómitos y mareos son solo parte de los padecimientos más comunes en nuestra comunidad”.
Desde el 2015 cuando se dio la primera intoxicación, la comunidad empezó a organizarse para presentar ante las instituciones gubernamentales evidencias del daño a la salud que ocasionaban las fumigaciones que realizan estas compañías.
Falta de estudios sobre las condiciones de salud de estas comunidades
Desde que se dio este primer caso de contaminación en El Milano, la comunidad solicitó al Ministerio de Salud que se realizaran estudios para determinar las condiciones de salud de esta población.
Xinia Briceño, quien forma parte de la Junta Directiva del Acueducto de El Milano, aseguró que:
Cuando solicitamos estos análisis lo hicimos pensando en todos los años que llevábamos consumiendo agua contaminada, para nuestra sorpresa lo que pasó fue que el Ministerio nos mandó una feria de salud y exámenes de la vista”.
En una entrevista realizada por el Semanario Universidad en el 2010, y titulada Comunidades de Siquirres: Demandarán a empresa piñera por daños al agua, Carlos Arguedas, presidente de la Asociación Ambientalista de Siquirres, instaba a las autoridades a realizar estudios para determinar si las enfermedades que presentaban estas personas tenían relación con la exposición e ingesta de agroquímicos.
En estas aguas se ha encontrado bromacil, diuron y un cóctel de otros 25 químicos; la gente muestra úlceras, alergias y problemas respiratorios».
El ingeniero Eugenio Androvetto, director de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, agrega que:
Desconocíamos cuánto tiempo tenían estas personas tomando agua contaminada, porque el bromacil era un agroquímico que estaba siendo aplicado y que estaba registrado en el Servicio Fitosanitario del Estado”.
Consultamos también ante este Ministerio si ellos han realizado algún estudio o análisis en estas poblaciones para determinar las condiciones de salud en las que se encuentran, pero hasta el momento no existen datos sobre estas afectaciones.
El Ministerio de Salud asegura que la primera investigación que se llevará a cabo para determinar si la población ha sufrido afectación se pretende implementar en el 2020 a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel, en Río Cuarto, quienes también sufrieron contaminación de sus nacientes con bromacil.
Estas contaminaciones han obligado al Estado durante los últimos 15 años, a sufragar los gastos para llevar agua a todas estas comunidades, mediante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El costo que representó solo en El Milano y las comunidades cercanas, fue de más de $3 millones. Todavía no se ha determinado el costo que implicará también las contaminaciones en San Carlos y Río Cuarto.
El uso de agroquímicos y la expansión piñera
La demanda cada vez mayor del mercado internacional ha generado una acelerada expansión de la producción de piña en Costa Rica, lo que nos coloca como el primer país productor a nivel mundial.
“Lo que en 150 años logró extenderse el banano, la piña lo logró en menos de 20 años”, señaló Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
El último informe del Estado de la Nación, publicado este 13 de noviembre pasado, señala el aumento de un 300% de la invasión de piñeras en Áreas Silvestres Protegidas y Humedales. En total son 3.824 hectáreas de cultivo de piña dentro de ASP y 16.385 hectáreas piñeras en humedales.
Este hallazgo se realizó gracias a las imágenes satelitales del proyecto de Monitoreo de Cambio de Uso de Paisajes Productivos (Mocupp). Desde años anteriores los datos mostraban la invasión de piñeras en áreas protegidas.
Esto aumenta la problemática de contaminación, ya que si analizamos el panorama, a mayor extensión de este cultivo mayor cantidad de agroquímicos utilizados para la producción.
El proyecto de investigación del IRET-UNA llamado “Hazardous Pesticides: Phase out and alternatives in Costa Rica” (Pesticidas altamente peligrosos: eliminación gradual y alternativas en Costa Rica), revela que son 44kg de agroquímicos utilizados por hectárea cada año para el cultivo de piña.
El coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (LAREP), Clemens Reupert, afirmó que:
Hemos visto ejemplos en el mundo donde han utilizado también este tipo de productos, que después de 30 a 40 años todavía los mantos quedan contaminados”.
La falta de información que indique cuáles son las cantidades de hectáreas exactas dedicadas a este monocultivo, representa uno de los mayores retos para determinar los daños debido a esta expansión.
Cada organismo maneja datos distintos sobre la extensión de estas plantaciones, por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reporta que para el 2018 la piña cubre alrededor de 45.000 hectáreas, este mismo año el monitoreo de cambio de uso de la tierra en paisajes productivos vinculado a tenencia (Moccup), señaló que existen 60.000 hectáreas dedicadas a esta producción.
Desde el 2012, el presidente del Comité de Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Jorge Polimeni, y Soledad Castro del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), le solicitaban al Gobierno de Laura Chinchilla presentar una moratoria nacional a la expansión piñera.
Para esa fecha, las ministras de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, y de Salud, Daisy Corrales, consideraron innecesaria la moratoria nacional porque señalaban que el área productiva de la piña tendía a reducirse en vez de aumentar.
Este año, durante el marco de la Pre-Cop 25, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, afirmaba al medio ElPeriódicocr.com, que “no existe expansión piñera en el país, no hay empresas creando más hectáreas de piña”. El ministro también señaló que durante esta Administración no están contemplando la implementación de una moratoria.
La moratoria es un período de suspensión en el cual se frena cualquier actividad, incluso las de producción agrícola que puedan generar conflictos ambientales y daños a la salud.
88 denuncias contra piñeras en etapa de investigación
El Tribunal Ambiental Administrativo es el organismo que se encarga de atender las denuncias de materia ambiental por violaciones a la legislación que tutela el ambiente y los recursos naturales.
La gran cantidad de denuncias que recibe, la poca capacidad de personal y de recursos para atender todos estos casos ha llevado a que muchos de estos expedientes demoren años en llegar a una resolución. Esto sucede especialmente en los casos en contra de piñeras, los cuales requieren una complejidad de informes debido a que no solo se habla de contaminación ambiental, sino que también se ven las afectaciones a la salud.
La jueza del Tribunal, Ligia Umaña, reconoció que esta entidad sigue sin contar con la capacidad para atender de todas las denuncias que cada año se presentan:
No vamos a dar abasto para atender todas las denuncias de todo el territorio nacional, contamos con nueve abogados, aproximadamente cada uno está llevando 350 expedientes”.
Para Kifah Sasa, Oficial del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la solución a esta problemática debe ser una respuesta país que implica el trabajo en conjunto, a partir de este planteamiento se crea en el 2011 la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica.
La comisión que se crea para darle seguimiento a esta Plataforma no ha sido convocada por esta Administración, que por su parte ha decido crear el Plan Único de Atención a la Problemática por trazas de Agroquímicos en la zona norte, dado a conocer el 20 de agosto del presente año.
Dentro de este plan se presenta la actualización del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción Sostenible del Cultivo de Piña, que busca contribuir con la inocuidad alimentaria, la protección ambiental, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.
Los equipos técnicos e interdisciplinarios de las instituciones de Gobierno que trabajaron en el manual y que conforman el Plan son MAG (SFE, INTA, SENARA y Dirección de Extensión Agropecuaria); Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua, DIGECA y SETENA); Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y el Consejo Nacional Ambiental.
Sin embargo, las poblaciones que han sido afectadas por la contaminación de este monocultivo continúan instando al Ministerio de Salud y estas entidades a que hagan una revisión del manual, ya que este continúa sin establecer cuál es la distancia mínima en la que deberían estar ubicadas estas piñeras de las comunidades.
“Muchas de estas sustancias hoy en día generan efectos a largo plazo, pueden ser efectos neurológicos, endocrinos y cáncer, entonces es aquí donde se convierte en una necesidad dar seguimiento a todas estas comunidades”, señala el investigador Clemens Reupert, como parte de la solución a este problema.
En el 2008, la Municipalidad de Guácimo aprobó una moratoria al cultivo de piña basándose en el principio precautorio del artículo 15 de la Declaración de Río, el cual señala que la aplicación de este principio es de vital importancia en el desafío que presenta evitar menoscabos al medio ambiente que resulten en daños graves e irreversibles a la vida y salud de las personas y a la integridad del entorno natural.
El siete de noviembre del presente año, el Concejo Municipal de San Carlos recibió en audiencia a los vecinos de la comunidad de San Juan de Florencia, autoridades del Ministerio de Salud, de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), para atender el tema de la intoxicación masiva en la comunidad.
Como parte de la solución el Concejo acordó convocar a los diputados de la zona, esto después de las declaraciones del Ministerio de Salud que mencionaban un “vacío legal” al momento de actuar en estos casos.
Son años de lucha y la voz de estas comunidades parece no ser escuchada.
Actualmente, diversas organizaciones piden al Gobierno aprobar una moratoria a este cultivo para proteger no solo el recurso hídrico, sino el derecho que tienen estas poblaciones de contar con ambientes sanos y una mejor calidad de vida para ellos y sus futuras generaciones.
Ilustración de las campos siendo fumigados y la cercanía con los hogares. Artistas: Negus y Sofi
Al momento de contactar a Reinaldo Martínez, vocero de prensa de La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), este nos informó que no estaban dando declaraciones a este medio, así como tampoco a Punto y Aparte ni al Semanario Universidad porque «todos se encargan de dar una imagen negativa de la Cámara». También intentamos en repetidas ocasiones contactar directamente con los directivos de CANAPEP y tampoco obtuvimos respuesta.
Proyecto publicado en Delfino
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