PANI prefiere transferir dineros a ONG’s que trabajar directamente en iniciativas de prevención
Entidades señalan preocupación por la falta de denuncias sobre estos casos
María tiene tres años de estar viviendo su peor pesadilla. Quien fuera su novio la obliga a tener relaciones sexuales con hombres que le doblan o hasta le triplican la edad.
Ella tiene 15 años, edad en la que debería estar saliendo y disfrutando sanamente con sus amigos, pero fue engañada, abusada y explotada sexualmente por su novio. Su caso es uno de los tantos que se dan en Costa Rica de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna), lo cual pareciera no ser un tema prioritario en la agenda social del Gobierno.
Durante los últimos 20 años, los diferentes gobiernos no han logrado obtener resultados favorables y contundentes para la prevención, atención y defensa de menores víctimas de explotación, según se desprende de estudios realizados por el departamento de Estado de los Estados Unidos, organizaciones como Ecpact International y la Organización Internacional del Trabajo.
En esas dos décadas se han propuesto y firmado en el país tres planes estratégicos nacionales para abordar el tema, se han realizado una serie de estudios sobre la problemática, tanto por entes nacionales como internacionales, y se han creado leyes para la protección de las víctimas. Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes para apaciguar los casos y efectos de la explotación sexual infantil.
La carencia de información sobre este tema podría ser la razón por la cual María nunca supo cómo denunciar la situación que le estaba sucediendo. De cierto modo, ella pensaba que esa pesadilla se iba a terminar. Además, sentía que no estaba haciendo algo malo, que más bien hacía algo que su novio le pidió por amor, según relató en un encuentro que tuvo con CRHoy.com, semanas atrás.
De acuerdo con datos proporcionados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en los últimos seis años se recibieron más de 1.000 denuncias por casos de explotación sexual de menores de edad. Esta cifra es una representación mínima de la situación actual, reconocen los expertos, quienes advierten que las cifras se incrementan conforme pasan los años.
Entre lo más grave -y que es una de las razones principales por las que la víctima no denuncia-, es porque conoce o tiene una relación con su explotador, ya sea que se trate de un familiar, un novio o un conocido.
Problema recurrente
El 2015 fue el año en el que se recibieron menos llamadas al enlace 9-1-1 del PANI por casos de explotación sexual de menores: 137. Por el contrario, en el 2012 se contabilizaron 239, siendo éste el año con mayor cantidad de casos denunciados hasta la fecha.
Por otro lado, está la trata de personas con fines de explotación sexual. En el caso de los menores, en el 2012 hubo 50 denuncias, mientras que en el 2013 fueron 6.
Pero precisamente la falta de denuncias es un elemento que preocupa a las diferentes autoridades.
Eugenia Salazar, fiscal de Delitos Sexuales y de Trata, indicó que una de las mayores problemáticas que tiene el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para perseguir el delito es que tanto las víctimas como quienes saben de posibles casos, no denuncian, haciendo que el proceso sea más complejo.
¿Y lo albergues especializados?
Daniela, otra de las sobrevivientes de explotación sexual de menores de edad, estuvo en albergues desde que tenía seis años. Ella ingresó a uno de esos centros porque su padre abusaba sexualmente de ella y su madre la agredía.
“En estos lugares la opinión de las personas no cuenta, al menos en mi caso no fue así”.
Cuando tenía 15 años, la trasladaron a un albergue en Guanacaste; ahí decidieron que era tiempo de que volviera con su madre aunque ella no quería.
Su mamá, apenas pudo, la llevó a San José y la dejó tirada. Tiempo después ella empezó a prostituirse, pero la policía la encontró y la trasladó a un nuevo centro.
Al no existir una ayuda integral de parte del gobierno, jóvenes como Daniela brincan de albergue en albergue; de institución a institución.
Ella afirma que en el último centro en donde estuvo -donde se les prometía un trato más personalizado- fue donde sufrió más traumas y abusos de los funcionarios a cargo.
Esto refleja cómo desde el 2008 las autoridades en Costa Rica no tienen como tema prioritario la construcción de una albergue especializado para la atención de menores víctimas de explotación sexual comercial.
Para la psicóloga Elizabeth Ballestero, a cargo de la Gerencia Técnica del PANI y coordinadora de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (Concoes), un albergue no es la solución. Asegura que un señalamiento de 2005 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó que albergar a niños explotados sexualmente no resuelve el problema, sino que se debe dotar a sus familias de herramientas para salir de la situación.
“Tener un albergue para niños explotados no es la respuesta (…) al llevarlos ahí ellos se sienten culpables”, indicó Ballestero.
No obstante, hace alrededor de cinco meses una organización privada creó en Costa Rica el único albergue existente para la atención de niñas y adolescentes que fueron víctimas de explotación sexual comercial.
Este centro es de atención inmediata y en la actualidad alberga a adolescentes de entre los 13 y 18 años de edad. En estos casos, el PANI delega la atención y únicamente ayuda financieramente al centro.
Por su parte, la Fundación Rahab está en proceso de construir un albergue especializado para víctimas de trata y explotación infantil, con capacidad para 90 personas, distribuidas en 30 mujeres y 60 menores de edad.
Durante el gobierno de Laura Chinchilla se habló de que el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) iba a financiar y darle $6.000 a la fundación para la construcción del centro.
El dinero ya tiene la aprobación de la Contraloría General de la República, pero luego de finalizar el mandato de Chinchilla, las autoridades del Inamu decidieron dar marcha atrás y no apoyar el proyecto.
Según la actual presidenta de la institución, Alejandra Mora, la construcción de estos albergues es responsabilidad de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y no de ellos.
No obstante, la ley es clara, tanto en artículo 55 de la Constitución Política como en la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (Ley N° 7648) indican que este último es el encargado de velar por la protección especial de la madre y de los menores de edad, con la colaboración de otras instituciones estales. Eso incluye el tema de abuso sexual.
Para Ballestero, el PANI no tiene la capacidad humana para atender de forma correcta la explotación sexual de menores. Esto se da, según ella, porque el Patronato solo cuenta con 800 personas quienes están atascadas de trabajo. Además afirma que es de gran índole la creación de 30 oficinas más.
Involucramiento de organizaciones no gubernamentales
A raíz del incremento en el problema y la poca atención que se le daba, diferentes personas crearon Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuyo objetivo es ayudar, prevenir, atender y proteger a víctimas de explotación, siendo estas los principales actores de denuncia y lucha contra dicho flagelo.
Estas organizaciones han creado mecanismos efectivos para poder llegar a las personas que han sufrido explotación sexual comercial. Por ejemplo, muchas salen una vez a la semana con el acompañamiento de jóvenes voluntarios, quienes comparten con las personas que venden su cuerpo en calles, a cambio de algo de dinero.
Uno de los objetivos primordiales de esta actividad es conocer de cerca a quienes están en las calles, crear una relación de confianza y ayudarles a salir de ese entorno.
La Directora de Rahab y experta en el tema de Explotación Sexual Comercial, Mariliana Morales, explicó que un 95% de las personas que se prostituyen fueron abusadas o explotadas sexualmente cuando eran menores de edad.
¿Delegación o promoción de iniciativas contra la Escnna?
En el artículo 38 de la Ley Orgánica del PANI da autorización a la entidad para transferir fondos a organismos públicos, privados o personas físicas con autorización de la Contraloría.
Finanzas del PANI
El 2015 fue el año en el Patronato recibió más ingresos (₡48.756,93 millones), de los cuales un 24,5% fueron destinados para transferencias a entidades privadas sin fines de lucro. El año pasado el Patronato tuvo un recorte de un 9,3% en sus ingresos, recibiendo ₡45.603,61 millones, de los cuales el 19,1% fue utilizado en proyectos de organizaciones no gubernamentales.
El PANI está trabajando a partir de proyectos y convenios, enfocado más en el área de prevención. Sin embargo, la presidenta de Patronato, Ana Teresa León, habló sobre lo que va a pasar con el recorte de presupuesto que le hicieron para éste año.
Un avance paulatino con un marco legal robusto
Pese a los avances que ha tenido el país en el marco legal y la creación de la Conacoes, los mismos problemas que se denunciaban dos décadas atrás, siguen presentes.
En la actualidad, las autoridades del PANI manejan un mapa hecho en el 2007, en donde se especifican las zonas de riesgo a la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Durante los últimos 10 años no se ha actualizado el mapa aunque las autoridades indican que están haciendo uno nuevo.
Entidades señalan preocupación
Desde hace más de 20 años, agencias de investigación internacionales como la Interpol y la Europol, denuncian que Costa Rica es un destino vulnerable para la Explotación Sexual de menores de edad, ligada a viajes y turismo; la cual es considerada por la organización Ecpat International (Acabar con la Prostitución, Pornografía y el Tráfico de Niños con fines Sexuales), como ‘La Tailandia más cercana’. Con esto se refiere a que el país es considerado el destino de explotación sexual más cercano en el occidente.
Y es que, la preocupación con respecto a la poca atención y priorización de este tema en la agenda pública, es denunciada de igual manera por órganos nacionales, como es el caso de la Defensoría de los Habitantes, cuyas autoridades afirman estar preocupados por el abordaje que se le está dando.
Dan Mills, Especialista internacional, habla sobre algunas medidas que han implementado en Estados Unidos para luchar contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.
Según la alianza global We Protect, una de las posibles soluciones al problema es poder seguir un modelo de respuesta nacional, con respecto al combate y la prevención de menores víctimas de explotación.
En este modelo se proponen 21 puntos, los cuales están divididos en seis áreas. La primera son las políticas públicas y gobernanza. La segunda la de Justicia Penal. La tercera son las víctimas. Cuarta, sociedad. Quinta, Industria. Y sexta los Medios de comunicación.
De estos 21 puntos, Costa Rica, logra cumplir de manera paulatina hasta el noveno punto, haciéndole falta 12 acciones y medidas necesarias, para poder tener un modelo de respuesta nacional adecuado. Según la Declaración del Congreso Nacional de Costa Rica Sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, celebrado el 1 de diciembre del 2016.
En dicho evento se habló de la importancia de crear acciones en conjunto en donde verdaderamente todas las instituciones y organizaciones, se comprometan con la prevención y manejo del tema.
Tanto el caso de Daniela como el de María son experiencias reales vividas cuando ellas eran menores de edad. Para fines de protección, sus nombres fueron cambiados.
Proyecto publicado en CRHoy.com
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