Por Wendy Samayoa
Instituciones que ya utilizan la plataforma del Sicop para compras públicas suman el 88% del total de entes públicos.
Trece años no han sido suficientes para que Costa Rica implemente su sistema de compras públicas digitales, necesario para atacar la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público.
Hay avances importantes: 291 instituciones, 88% del total, ya utilizan el sistema. Además, existen recursos como la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el Observatorio de Compras Públicas y el SIAC (Sistema Integrado de la Actividad Contractual) de la Contraloría General de la República para que la ciudadanía pueda informarse sobre estadísticas y datos importantes de las compras públicas.
Sin embargo, todavía hay instituciones importantes que no lo utilizan pese a la que la ley lo exige, un 12% del total. Entre esas instituciones importantes se encuentran, por ejemplo, las juntas de educación (que se encargan de adquirir bienes y servicios para los centros educativos) y las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas), que operan sistemas de acueductos en comunidades que no atiende Acueductos y Alcantarillados, ni las municipalidades, entre otros.
Además, los datos disponibles no son fáciles de descargar e interpretar, dato importante porque dificulta la auditoría ciudadana. Por otro lado todavía siguen surgiendo casos de corrupción.
Las compras públicas son uno de los negocios más grandes que se realizan en el país, pues se trata de todo lo que el Estado adquiere, desde un lapicero hasta grandes contratos de carreteras. Además, representan un 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Muchas empresas locales y extranjeras son proveedores del Estado. Estas compras han sido también la fuente de denuncia de grandes casos de corrupción (Cochinilla y El Cementazo, por citar algunos ejemplos).
Larga historia
Costa Rica comenzó sus intentos por realizar compras públicas por medio de una plataforma en el año 2000 con Comprared, que administraba el Ministerio de Hacienda. En el 2009 surgió Merlink, que administrada el ICE, basado en el sistema de Corea del Sur.
En el 2010 estos dos sistemas se disputaban el dominio de las compras públicas: Comprared se enfocaba en las compras del Gobierno Central; y Merlink, abarcaba las instituciones descentralizadas.
En palabras de Alicia Avendaño Rivera, exdirectora de Tecnologías de la Información del Ministerio de Hacienda, fue una época difícil al haber tantos conflictos de interés:
El ICE utilizaba la plataforma COMPRARED, RECOPE usaba otra; todo el mundo tenía plataformas de diferentes formas y modelos y colores lo que representaba un gasto en tecnología totalmente disperso que no satisfacía las necesidades de nadie”.
Esta mezcla de plataformas provocaba que no hubiera una sincronización en las instituciones y que las compras y productos fueran difíciles de rastrear.
Ante los enfrentamientos y negativas de las instituciones el gobierno de usar las plataformas, se promulgó, en el 2016, la Ley de Transparencia de las Compras Públicas (9395) que hizo obligatorio que todas las instituciones públicas, a un plazo de un año, hicieran sus compras por un solo sistema.
A pesar de las buenas intenciones la ley no tuvo éxito y muchas instituciones seguían sin usar el sistema unificado de compras. Por ese motivo en 2021 se aprobó la Ley de Contratación Pública (Ley 9986), que entró a regir en 2022 y que vela porque toda contratación se realice por medio de Sicop.
El Sistema de Compras Públicas (SICOP) es una plataforma digital unificada que utilizan las instituciones estatales para licitar y realizar sus contrataciones de manera digital; es decir, por esta plataforma el Estado contrata servicios o productos que necesita.
Para garantizar el cumplimiento de la Ley 9986 si la institución realiza la compra fuera de Sicop, esta queda viciada. No obstante, para Isaac Quesada, abogado experto en contratación pública, si una compra se realiza fuera del sistema la administración es la menos afectada, ya que en muchas ocasiones solo recibe un apercibimiento, en cambio, los proveedores, pueden perder toda la mercadería ofrecida.
Avances
El número de instituciones que usa Sicop ha aumentado sustancialmente después de la Ley 9986. Un informe de la Contraloría General de la República Uso del Sistema de Compras Públicas en las instituciones señaló que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9395, el número de instituciones adscritas pasó de 105 en el 2016 a 229 para el año 2021.
Asimismo, la directora de Compras Públicas, Yesenia Ledezma Rodríguez, señaló que para el 2023 la plataforma cuenta con la presencia de 291 instituciones, lo cual representa un aumento del 27% en comparación con el año 2021.
Otros avances han sido la generación de códigos estandarizados (antes existían diversos códigos para un mismo producto); hay una promoción de una participación abierta a los proveedores (el Estado tenga un mayor número de posibilidades de donde escoger y existe mayor competencia entre las empresas) y hay mayor transparencia en los procesos, pues todos los proveedores tienen igualdad de condiciones.
Lo que falta
No obstante los avances logrados, aún existen entidades que todavía no están como es el caso ya mencionado de la mayoría de las juntas de educación y las Asadas. Esto se debe a un transitorio de la Ley 9986 que dice que las entidades que no cuenten con la tecnología para estar en el Sicop podrán atrasar su ingreso al sistema hasta por un año y en un caso de fuerza mayor prorrogarlo, una única vez, por un año más.
Así, el plazo máximo de incorporación se cumple en diciembre del 2023 y si existiera una solicitud de prórroga ese plazo se extendería hasta diciembre del 2024.
Entre las entidades que utilizan el sistema, algunas no presentan toda la información de las distintas etapas de contratación.
La Contraloría General de la República (CGR) en un informe realizado en el año 2021, señaló que en la contratación pública de 30.811 contratos solo el 39% reportaban haber recibido la obra o el bien solicitado, el 19% informaron haber realizado el pago a las empresas y solo el 4% evaluaron la labor de sus proveedores.
Esta problemática continúa y genera una pérdida en la trazabilidad de las diversas fases de la contratación pública tal y como lo señaló Ledezma Rodríguez.
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Esta debilidad se incrementa debido al número de instituciones inscritas, ya que, aunque se podría pensar que entre más instituciones estén incorporadas habrá mayor transparencia; ese mismo número de instituciones puede jugar en contra a la hora de fiscalizar.
Otra área donde todavía falta camino es la reducción de los trámites, ya que aun cuando la mayoría de los procesos se realiza de manera digital todavía existen ciertos trámites que deben realizarse varias veces de forma innecesaria.
Según Juan María González, fundador de las empresas SEYMA, quien tiene varios años de trabajar con el Estado y es un estudioso del tema de compras públicas, existen trámites que adversan la Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos (Ley 8220), que entre otras cosas establece que las instituciones públicas no deben pedir información de la que ya poseen conocimiento.
Por ejemplo, solicitar una certificación de morosidad en la Caja Costarricense de Seguro Social se podría realizar fácilmente por el sitio web de la CCSS, sin embargo, las instituciones piden que el documento sea emitido por la misma CCSS, lo que representa un gasto de tiempo innecesario.
También, el empresario señaló que existen demostraciones de requisitos que salen más caras que cumplimiento de este. Así una sola certificación de cuenta bancaria podría estar disponible para todas las instituciones, sin embargo, cada vez que se hace una contratación el proveedor debe volver a realizar el trámite lo que supone pagar $20 por cada certificación.
Otra área donde se requiere mejoras es en los estudios de mercado que realizan las instituciones, ya que la mala realización de dichos estudios tiene como consecuencia una diferencia en el valor de los contratos.
Por ejemplo, si como entidad requiero la compra de 100 mascarillas y realizo un estudio de mercado donde estimo que el monto será de ₡15.000, pero el monto final fue de ₡22.000, existe una diferencia de ₡7.000 entre lo presupuestado y lo real.
Según Ana Marcela Palma, abogada y especialista en Contratación Pública, esto sucede porque el reglamento ofrece un concepto de estudio de mercado muy confuso.
El Observatorio de Compras Públicas precisamente señala la diferencia entre los presupuestos iniciales y finales de la contratación.
Para solventar esta problemática se debe mejorar el cómo se realiza los estudios de mercado al comprobar fuentes históricas de la compra, revisando la compra del mismo producto en otras entidades.
Otra debilidad es que, si bien hay disponible información de las compras, lo cual es muy importante para la transparencia, esta es poco accesible y no es fácil de comprender.
El investigador del CICAP (Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública) de la Universidad de Costa Rica, Esteban Mora Martínez, señaló:
El Observatorio de Compras Públicas genera un reporte digamos no tan fácil de interpretar para cualquier ciudadano, debe conocer algunos elementos digamos importantes sobre la teoría de compra pública o de compra del Estado”.
Esta falta de claridad representa una deuda con lo estipulado en la Ley de Contratación Pública que busca una activa participación ciudadana.
Una adecuada presentación de los datos aumenta la confianza en los procesos de contratación pública, ya que entre más accesible sea la información, el ciudadano se siente más involucrado tal como lo señala, Jacob García, especialista en Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En esta misma línea se recomienda que se recopile la información actualizada, tarea de la que ya se encarga el Observatorio de Compras Públicas y publicarla en un lenguaje sencillo y entendible, que es donde se debe trabajar.
La correcta comprensión y la participación ciudadana fortalecen la democracia y la toma de decisiones por parte de los actores involucrados. Incluso promueve un tercer elemento fiscalizador aparte del Ministerio de Hacienda y la Contraloría, ya que el ciudadano al entender las fases, conceptos y funcionamiento de la contratación pública puede involucrarse en los procesos e incluso denunciar irregularidades.
En su estudio económico sobre Costa Rica, del 2023, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), recomendó continuar por el camino para que todas las compras de todas las entidades públicas se realicen mediante el Sicop y, además, limitar el uso de excepciones para la contratación directa.
Proyecto publicado en Delfino.cr
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