Por Liby Solano
La situación afecta definitivamente mi perspectiva de la familia, porque yo digo: ¿cómo puede estar pasando en frente de mis ojos? Es una niña, una chiquita y anda con una persona que le dobla la edad. Yo veo que los papás están felices”.
Esta frustración la carga en sus espaldas Claudia (nombre ficticio), una ama de casa vecina de Cartago, quien lucha para que su sobrina, de 15 años, no continúe siendo víctima de una relación impropia.
Ella asegura que intentó acercarse a su sobrina y a su familia, pues le preocupa que a la joven se le violente su proceso de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, sus progenitores le han solicitado no intervenir.
Claudia no es la única que se preocupa por la indiferencia que existe en la sociedad ante las relaciones impropias que se convirtieron en delito en Costa Rica, hace cinco años.
La directora de Estrategia e Innovación de la Fundación Paniamor, Milena Grillo, recuerda con desánimo el caso de una docente que conocía de una alumna, de 16 años, que dejó las aulas para irse a vivir con un adulto de 24.
La educadora no estaba preocupada por la condición en la que vivía la joven, sino porque el sujeto no estaba autorizado ante el centro educativo para firmar las justificaciones de sus ausencias. Lo único que hizo fue pedirle a la familia que hiciera el cambio de responsable”.
Estos dos casos reflejan que, pese al avance legal que tiene el país al convertir en delito las relaciones impropias, hace cinco años, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente en generar conciencia, no solo de las víctimas sino de sus entornos.
Y es que Costa Rica está a la vanguardia con la aprobación, en 2017, de la “Ley de Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas”, más conocida como la “Ley de Relaciones Impropias”.
Allí se establece como delito cualquier relación sexual entre una persona menor de edad y un adulto, cuando existe una relación de poder por la diferencia de edad. Se tipifica por edades.
Sin embargo, especialistas consultados coinciden en que hay que profundizar en la tarea de explicar, enseñar y fomentar un cambio integral en la familia, la comunidad, los centros educativos y la sociedad, para crear una nueva cultura y que esta práctica sea vista como lo que es: un delito.
Y es que el trabajo comienza con las propias menores de edad quienes siguen creyendo que eso es amor y desconocen completamente la ley.
Al conversar con “Valeria” (víctima a quien reservamos su identidad) reconoce que desconocía el término de relación impropia y que su vínculo a los 15 años de edad con un hombre nueve años mayor era delito. Mucho menos sabía que podía denunciarlo.
Él la abandonó cuando se dio cuenta de que estaba embarazada y siguió saliendo con niñas de 12 a 15 años de edad.
Ella se enteró de lo que le ocurría en su primer examen de rutina prenatal, cuando le contó su historia a una trabajadora social del centro de salud y la profesional le explicó todo.
A pesar de esa información, en su adolescencia y creyendo que era amor lo que el hombre de 24 años sentía por ella nunca lo denunció y hoy se arrepiente de ello.
Para Claudia, la tía frustrada por lo que le ocurre a su sobrina, la lucha es permanente en su familia ante las pocas respuestas que ha encontrado.
La normalización de la conducta
El director ejecutivo de la Fundación Paniamor, Oscar Valverde, recuerda que la práctica de las relaciones impropias se remonta a muchos años atrás.
Representantes del Poder Judicial y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) coinciden en que, en muchas ocasiones, la relación impropia es bien vista por familias que se escudan en distintos mitos y no son conscientes de los riesgos que sufren los menores de edad.
Incluso, en muchas ocasiones prefieren recibir dinero y mejorar su estatus social a costa de sus hijos.
La Fiscala Adjunta de Género del Ministerio Público, Gabriela Alfaro Zúñiga, asegura que la normalización de las relaciones impropias juega en contra de los menores.
La normalización comienza cuando no se tiene claridad de los riesgos que corre la víctima, tal y como explica la psicóloga del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Carol Guzmán.
La consecuencia de toda esta problemática no es fácil ni agradable, pues a través de una tradición cultural y social de patriarcado se promueve el silencio y la clandestinidad de este tipo de delitos.
Luego se normalizan aspectos como que el hombre sea mayor y que tenga más poder económico. En muchos casos el victimario se convierte en proveedor externo, explicó la directora del programa Seguras y Fuertes de la Fundación Paniamor, Kattia Rojas Loría.
Valeria y Ana atrapadas por anzuelos
Ana y Valeria no se conocen pero tienen muchas cosas en común.
Por ejemplo, ambas son víctimas de relaciones impropias y fueron madres antes de los 18 años. También, en su momento, no comprendieron su condición de víctimas, no conocían cuál era el delito y ninguna puso la denuncia.
Ana, es una joven que tuvo que suspender sus estudios porque tenía una nueva responsabilidad, su hija. Asegura que cambiaría algunas cosas de su pasado para crecer y vivir su etapa de niñez y adolescencia.
Ahora, ella busca salir adelante, añora estudiar y trabajar para tener una mejor calidad de vida y un futuro próspero.
Mientras tanto, Valeria por su parte relata que no conocía realmente a su victimario; ahora espera concluir la secundaria, darle un buen futuro a su hija y el ejemplo que su madre nunca le dio.
¿Por qué estas relaciones son delitos?
Las relaciones impropias son delitos porque al existir una desigualdad de poder que pone en desventaja a la menor, la coloca en manos del adulto quien le controla su cuerpo, su vida, sus decisiones y la priva de derechos fundamentales como salud, educación y recreación, según explica Rojas.
Estas relaciones impropias son consideradas una manifestación de violencia porque vulnera los derechos de ellos en su etapa de desarrollo. Si bien hombres y mujeres pueden ser víctimas de este tipo de relación, se registra más frecuentemente con las adolescentes.
La analista en Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Evelyn Durán Porras, asegura que a esa edad los jóvenes están limitados a explorar el mundo y su sexualidad y en una relación impropia se les violenta su crecimiento.
Durán narró que uno de los casos que ayudó a impulsar a las autoridades nacionales a aprobar la ley fue cuando, en el 2016, unos padres quisieron casar a su hija, de 14 años, con un hombre de 60.
Según Milena Grillo, con la entrada en vigencia de la Ley de Relaciones Impropias, Costa Rica se convierte en pionera en Latinoamérica, debido a que en el resto del subcontinente no existe una ley específica que proteja a los menores de edad.
Pese a tener la Ley de Relaciones Impropias en mano, los funcionarios de distintas instituciones que atienden a las víctimas de este delito se sienten impotentes.
Para ellos, uno de los mayores obstáculos es la escasez de denuncias que se presentan y, cuando estas se interponen, se debe enfrentar un proceso extenso y desgastante.
Muchas de las quejas no prosperan porque las menores no se perciben como víctimas y en muchos casos niegan los hechos y defienden al agresor.
En ocasiones se quieren ir de la casa familiar para establecer una convivencia con el victimario, quien se aprovecha de esa condición de vulnerabilidad y provoca que ellas se resistan a un proceso judicial, lo que complica comprobar el delito.
Cuando la menor se presenta ante la Fiscalía para denunciar se le brinda un acompañamiento técnico con psicólogos y trabajadores sociales hasta que termina su proceso.
Algunas llegan solas, pero, según la jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, Alba Gutiérrez Villalobos, en la mayoría de los casos, la familia y las madres son quienes denuncian.
No obstante, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el PANI, documentan que el delito de una relación impropia también es bien visto por algunas familias que se escudan en distintos mitos y no son conscientes de los riesgos que sufre el menor de edad cuando es víctima.
En muchas ocasiones prefieren recibir beneficios económicos y mejorar su estatus social a costa de sus hijas.
Según datos del Ministerio Público, en el 2021 se reportó un total de 2.765 denuncias por el delito de relaciones sexuales contra personas menores de edad.
Durante ese año, 56 personas recibieron una sentencia, de ellos 28 fueron condenados y los otros 28 absueltos.
Para lograr la condena es fundamental el testimonio de las víctimas, así se puede obtener una prueba o evidencia y llevar a buen término el proceso judicial.
El Jefe de la Sección de Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ, Roberto Pérez Vargas, explicó que muchas de las víctimas son migrantes, condición que dificulta el caso por lo complicado que resulta localizarlas.
El desafío
Diversas organizaciones luchan para que no existan más Anas y Valerias.
Estas entidades desarrollan campañas, acompañan a las víctimas, en algunos casos brindan apoyo a las familias y procuran que los casos se denuncien.
Ante consulta realizada al Ministerio de Educación Pública (MEP), acerca del abordaje del tema de relaciones impropias en centros educativos, la oficina de prensa respondió que desarrollan programas en la aulas sobre afectividad, sexualidad, psicología y orientación.
Sin embargo, la entidad reconoce que existe un vacío debido al porcentaje de población que desconoce la ley.
Por otra parte, con el fin de medir las implicaciones del delito de relaciones impropias en la salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través del Departamento de Atención Integral a la Violencia, solicitó al Ministerio de Salud un código de calificación para reportar los casos epidemiológicos que se atienden en los niveles de salud donde acuden las víctimas.
Salud aún no ha respondido la petición.Ante este panorama los retos del país se hacen cada vez más evidentes.
Se requiere de un esfuerzo integral, una responsabilidad que vincula a la familia, la comunidad, centros educativos, iglesias, al Estado y toda la sociedad.
El principal esfuerzo debe dirigirse a lograr que cada vez más personas conozcan que este tipo de relaciones son impropias y son delito, como lo propone la especialista en adolescentes, Rocío Solís.
Evelyn Durán, de UNFPA, recomienda que el país profundice en términos legales para que aumenten las sentencias y no se complique la presentación de pruebas cuando una persona decide denunciar.
Milena Grillo, de Paniamor, asegura que faltan esfuerzos para capacitar a los funcionarios sobre el tema y que sean más sensibles con las víctimas y los denunciantes.
Otra recomendación que se hace es que se trabaje más en no equiparar las relaciones impropias con el noviazgo o relaciones amorosas, pues como explica Kattia Rojas, de Paniamor, al hacerlo se lesiona el desarrollo a nivel psicológico y sexual de los menores.
El sociólogo Antonio Ortega sostiene que lo imperioso es luchar contra la normalización de esta práctica que se ha mantenido a lo largo del tiempo por la sociedad patriarcal y el machismo que lo acepta.
El profesional también sugiere una mayor supervisión por parte de los adultos del material de entretenimiento que consumen los menores, como series, música, películas, videojuegos, o su exposición a conceptos que cobran actualidad, como los de “sugar daddy” y “sugar mommy”, que contribuyen a normalizar la práctica de las relaciones impropias.
Sin duda Costa Rica se ha convertido en un pionero de la lucha contra las relaciones impropias, principalmente al tener un marco legal. Pero la tarea no terminó.
A partir de ahora todos los actores sociales deben trabajar de forma planificada y consistente para que cada vez haya menos jóvenes que piquen el anzuelo confundiendo con amor un delito.
Reportaje publicado en Delfino
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