- En el país 1.400 comunidades viven en zonas de riesgo.
- Datos de la Encuesta Nacional de Hogares revelan que en la GAM unas152.000 personas viven en comunidades a las que ya la Comisión Nacional de Emergencias señaló como sitios con un alto peligro de sufrir el impacto de desastres naturales.
- Gestión del riesgo apuesta por ordenamiento territorial como herramienta para disminuir la vulnerabilidad ante amenazas naturales.
- País requiere de mecanismos para agilizar traslados de pobladores que habitan en zonas de riesgo.
Por Rita Valverde
En la Finca La Cascabela, en Alajuelita, hace tiempo saben que viven bajo el peligro latente de que sus casas terminen bajo tierra por un deslizamiento. Hace cinco años, 33 de las 56 familias que viven allí recibieron una orden de desalojo por parte del Ministerio de Salud para que abandonaran el lugar, pero al día de hoy ni una sola ha sido trasladada.
La Cascabela es considerada una de las zonas de mayor riesgo en la Gran Área Metropolitana (GAM) y para Gerardina Corrales, así como el resto de familias que viven allí, los años pasan y cada aguacero incrementa el temor de que puedan terminar protagonizando una tragedia como la de Calle Lajas de Escazú, donde hace seis años 24 personas perdieron la vida en un deslizamiento.
Al igual que La Cascabela, otras 1400 comunidades en todo el país viven en zonas expuestas al riesgo por amenazas naturales que están plenamente identificadas, tanto por la Comisión Nacional de Emergencias, como por otras instancias que tienen la información en sus manos desde hace mucho.
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares, en el 2014 se contabilizaban en la GAM unas 562.235 personas que se mantenían en condición de pobreza, entre ellas unas 151.911 estaban en una situación muy vulnerable al impacto de desastres.
A este número de vulnerables hay que sumar aquellas personas que no son pobres pero que igualmente viven en zonas de riesgo.
Según cifras de la base de datos “Desinventar”, administrada por la Universidad Nacional, en lo que llevamos de la administración Solís Rivera (2014-2016), entre las cuatro provincias de la GAM se han registrado un total de 256 eventos por deslizamiento e inundación.
En estas emergencias, 1.456 viviendas han sido afectadas, 31 calificadas como destruidas y únicamente 62 familias han sido trasladas.
La Comisión Nacional de Emergencias, indica que algunos de los lugares que requieren de una pronta reubicación en la GAM son: el sector de Quitirrisí en el cantón de Mora; las márgenes de la Quebrada Pitier, Quebrada Tapezco en Santa Ana, Alajuelita en el sector de La Cascabela, El Tablazo en Desamparados, zonas cercanas al cauce del río María Aguilar y Barrio Jesús en La Uruca.
Allan Astorga, geólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), señaló que a pesar de que se cuenta con la información, que advierte cuáles son las zonas donde podría ocurrir un desastre el país la gente sigue viviendo ahí, con la amenaza de que pase un desastre mayor.
Astorga recordó que tragedias como las de Calle Lajas se pudieron prevenir si se hubiese tomado en cuenta información como la que brindaron los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS) que generó el proyecto Prugam, concluido sin éxito en 2008, y que sin embargo, es la única metodología de zonificación que ha recibido el aval oficial.
Pese a los muchos mapas y advertencias que existen, el país no cuenta con un plan de reubicación que priorice el traslado de estas familias a zonas seguras, mientras miles viven tan solo esperando que el anunciado desastre ocurra, y mientras que las soluciones desde el Estado han sido más que insuficientes.
TRAMPA SIN SALIDA
Para las familias que viven expuestas a un desastre la posibilidad de salir del peligro es compleja, ya que para acceder a un bono de vivienda o un proyecto de reubicación se requieren de muchos trámites que les tardan años y no logran concretarse.
“Tenemos cinco años de que nos dieron una orden de desalojo para 33 familias. Aunque sabemos que todos tenemos que irnos nos dicen que La Cascabela tiene prioridad para trasladarse, pero no tenemos donde, no nos han dado una solución”, indicó Gerardina Corrales, vecina de La Cascabela en Alajuelita.
Pese a ello, en los últimos seis años, la reubicación de personas en zonas de alto riesgo corresponde, en su mayoría, a zonas donde el desastre ya ocurrió, como es el caso de Calle Lajas Escazú, el terremoto de Cinchona, los afectados por la tormenta Thomas en 2010 y ahora se sumarán seguramente los afectados por el huracán Otto.
Los requisitos que les piden las instituciones son muchos. Aseguran haber hecho estudios en unas 10 propiedades sin haber conseguido un terreno que les permita acceder a la ayuda del proyecto y poder desalojar La Cascabela.
En La Cascabela, hace varios años se teme que un deslizamiento pue-da ocurrir: una parte del terreno ya se deslizó y temen que el barranco avance según sea la magnitud de los aguaceros en cada invierno.“
El problema viene avanzando, cada año agarra un pedazo más.Tenía cuatro años de estar quedito, porque llovía poco, pero este año sí ha llovido suficiente y la parte que había sido afectada se hundió más”,comentó Álvaro Mora, presidente de la Asociación Pro-vivienda de La Cascabela.
Al peligro de derrumbe en esta localidad de Alajuelita, se le suma el hecho de que la comunidad tiene un solo acceso, estrecho, muy inclinado y en malas condiciones; lo que convierten al lugar en una trampa mortal en caso de emergencia, pues muy pocos podrían salir.
POCOS BONOS
A nivel de política pública la cantidad de bonos que se entregan bajo la condición de zonas de riesgo no son proporcionales a la necesidad que tiene el país; desde el 2010 han atendido 9.821 casos, entre los que incluyen “Situación de Emergencia”como de “Extrema Necesidad”, ya que el programa de financiamiento es el mismo para ambos tipos de beneficiario.
Entre ellos, 509 casos corresponden de las emergencias de Cinchona tormenta Thomas y Nicoya. Adicionalmente, otros 237 casos fueron tramitados en otros programas de financiamiento correspondientes alas emergencias, para un total de 746 casos en seis años.
El Ministerio de Vivienda (Mivah) asegura que concluirá este año entregado unos once mil bonos de vivienda, de los cuales según datos del Banhvi únicamente 1.007 corresponden a la categoría de situación de emergencia y extrema necesidad.
El Gobierno señala que este ha sido uno de los problemas al que se enfrentan, ya que se cuenta con una cantidad limitada de bonos que supera la cantidad de solicitudes que se pueden atender por año.
“La pregunta es: ¿Quiénes están en más peligro? Se tiene una cantidad limitada, no se puede ayudar atodos, no es posible. Lo que se hace por parte del Ministerio y el Banhvi es velar porque los proyectos de vivienda se construyan en lugares seguros”, comentó Rosendo Pujol, ministro de Vivienda.“
Nosotros tenemos una directriz de beneficiarios ya emitida, que implica claramente evacuar a las personas que están en peligro, es una prioridad de los programas de vivienda de este Gobierno, pero eso se está haciendo formalmente hasta ahora”, agregó.
Lidier Esquivel, jefe del departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), asegura que en todos los cantones se tienen al menos dos o tres lugares de muy alto riesgo que necesitan de intervención para el traslado de la población.
Alega que el país requiere de un plan de reubicación para empezar a atender el traslado de personas en zonas de riesgo. “Es un reto, no hay un mecanismo claro. En los casos que se han dado, es porque han existido mecanismos que lo han permitido, pero no hay muchos casos en el que se haya logrado un éxito absoluto”, agregó Esquivel.
DESORDEN URBANO
El rápido crecimiento de la “man-cha urbana” en la GAM y la pocaefectividad de las políticas existentesen materia de ordenamiento terri-torial, son parte de las causas queexplican por qué sigue creciendo lacantidad de personas que vive en laszonas de riesgo.
La gestión del riesgo del paísapuesta al ordenamiento territorialcomo una herramienta para dismi-nuir la vulnerabilidad a las amena-zas naturales, lo que contrasta conel hecho de que se debe hacer un or-denamiento del territorio, sin forzarlos desalojos ofreciéndoles soluciónde vivienda a las personas.
El país requiere de una actualiza-ción de planes y leyes -que datan dehace más de 30 años- y que permitanregular y restringir el crecimiento dela población en zonas seguras.
Según la Ley de PlanificaciónUrbana del año 1968, los municipiosdeben contar con un Plan Regulador; mecanismo que permite controlar y planificar el desarrollo urbano y rural en su área de jurisdicción.
De los 31 municipios de la GAM, únicamente cinco cuentan con un Plan Regulador vigente y actualizado, 11 solo con los estudios de viabilidad ambiental aprobados, otros 13 están archivados en la Setena y otros dos están en análisis.
Las municipalidades concuerdan en que la aprobación de algunos estudios se han vuelto un atraso para su proceso de actualización, especialmente el de la viabilidad ambiental.
Uno de ellos es el caso de la Municipalidad de Desamparados, municipio que cuenta con un plan Regulador vigente desde el 2008 y no posee el estudio ambiental, debido a que cuando se elaboró el plan la metodología para la evaluación ambiental del uso del suelo de los IFAS no había sido oficializada.
Los municipios han señalado que los procesos de revisión por parte dela Setena deben agilizarse ya que los plazos de respuesta y revisión de los estudios ambientales toman largos periodos de tiempo.
“Nosotros presentamos a la Setena una serie de estudios. El expediente nuestro se abrió desde el 2005. Estamos en el 2016 y no nos ha aprobado aún la viabilidad ambiental, por una serie de disposiciones”,comentó Jessica Martínez, directora de Urbanismos de la Municipalidad de Desamparados.
Este gobierno local señala que obtener la viabilidad es urgente para avanzar en el proceso de actualización, ya que si no tienen la viabilidad, no pueden empezar a construir un nuevo plan regulador.
Por su parte, Setena reconoce que ha tenido problemas con sus labores en la revisión de los mismos; sin embargo, subraya un alejamiento por parte de las municipalidades con la presentación de los estudios en los últimos años.
“La administración tiene unaresponsabilidad en cambiar algunas cosas, y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer, pero en este momento estamos en eso. No podemos obligar a las municipalidades a venir a que presenten su Plan Regulador, tiene que haber una disposición de ellos”, comentó Marco Arroyo, secretario general de Setena.
El no tener un plan regulador implica que las municipalidades no tengan restricciones para el crecimiento de la población en zonas seguras.
Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, explicó que una municipalidad que no cuente con un Plan Regulador y que solicite permiso para construir una vivienda a la orilla de la carretera o en zonas donde no se vería, se le dice que no, pero el desarrollador o la persona que va a comprar impugna y tiene que dárselo.
Aunque ha habido un rezago con la toma de decisiones en materia de ordenamiento. Montero señala que la problemática que estamos viviendo hoy con el ordenamiento territorial, obedece a un rezago en la toma de decisiones y políticas públicas que permitan una adecuada planificación urbana.
MECANISMO DE AGILIZACIÓN
Desde enero del año 2015 se está discutiendo un reglamento para agilización de los procesos de revisión y aprobación de los planes reguladores, el decreto ejecutivo 38782, que cuenta con representación de distintas instituciones como el MINAE, MAG, MIVAH, MIDEPLAN, INVU, Setena y Senara para la búsqueda de una solución al entrabamiento.
El decreto se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional. “Actualmente el decreto para la simplificación de trámites para la aprobación del plan regulador, está impugnado ante la Sala Constitucional. Tenemos una parálisis importante en cuanto a la aprobación de planes reguladores y orientación regional», explico Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda.
El ministro argumento que para los gobiernos locales, no tener aprobado su plan regulador, representa un problema importante para la planificación y ordenamiento de sus territorios ya que implica que los alcaldes quedan prácticamente al libre albedrío para hacer cualquier cosa sin una legislación que los oriente.
Allan Astorga, geólogo y profesor de la UCR, declaró que el documento está impugnado debido a que el decreto pretende que para desarrollar los planes reguladores se pueda utilizar una metodología distinta a la de los IFAS que había sido oficializada por Setena desde el 2008.
Distintos sectores señalan que la metodología de los IFAS es que el país no cuenta con toda la información disponible y necesaria para poderlos aplicar.
Sonia Montero, Presidenta del INVU, aclaró que la orden del decreto emanó de casa presidencial en el año 2015 y busca a facilitar el proceso de planes reguladores dándoles una moratoria de 5 años para hacer el estudio hidrogeológico que deben de presentar ante Senara.
LA URGENTE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GAM
Durante los últimos 30 años, la población de la GAM, ha tenido un crecimiento urbano acelerado con pocos controles y restricciones. Según el Estado de la Nación, entre 1984 y 2011, la población de dicha zona casi se duplicó pasando de 1288082 a 2268248 personas.
El plan GAM que rige el ordenamiento territorial de esta ciudad, fue elaborado en 1982, hace más de 30 años; con la intención de tener una regulación del crecimiento urbano. Ese plan necesita de una actualización urgente y a pesar de que se han hecho tres intentos, no se han concretado.
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